na vez aprobada la reforma constitucional en materia de transparencia, el siguiente paso en su implementación fue la elección de las y los nuevos siete comisionados que integrarán el cuerpo colegiado de decisión máxima del órgano garante, ahora autónomo, del derecho de acceso a la información. Éstos sustituirán a los cinco comisionados anteriores que, aunque tres de ellos habían manifestado su intención de mantenerse en el cargo, no fueron ratificados por el Senado.
De los 147 candidatos que fueron entrevistados, un comité de expertos entregó una lista de 25 con los perfiles más idóneos para ocupar ese importante cargo. Varios fueron los nombres que se manejaron antes de la votación, y frecuentemente se reiteró que ésta no estaría influenciada por negociaciones políticas; ni cuates ni cuotas
, se declaró. Sin embargo, entre reclamos, el 30 de abril se votó en el Senado en plenaria y se aprobó por más de 100 votos a cada uno de los siete candidatos elegidos para formar parte de esta nueva etapa del instituto. Ellos son Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Juárez y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
El descontento no se hizo esperar. Legisladores del PAN y el PRD resaltaron la exclusión e incorporación de candidatos con base en su cercanía partidista, sobre todo haciendo referencia al nombramiento de Rosendoevgueni Monterrey, quien no formaba parte de la lista de los 25 finalistas y al que, saltándose los procedimientos acordados de selección, incluyeron en el último momento en la terna de los aspirantes. Las principales sospechas surgieron por la proximidad que tiene con el presidente de la República y con el PRI, pues fue comisionado y presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto en dicha entidad.
Cabe subrayar que el procedimiento para el nombramiento de las y los comisionados estuvo vigilado por un grupo de organizaciones, entre ellas México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia, así como por un Comité Técnico de Acompañamiento, formado por especialistas en la materia. Sin embargo, no obstante que se trata de un órgano constitucional técnico, la decisión final se vio influenciada por el respaldo político hacia cada uno de los candidatos.
Finalmente, y luego de que el presidente de la República notificó a la Comisión Permanente que avalaba sus nombramientos, el pasado miércoles los siete comisionados y comisionadas del nuevo Ifai rindieron protesta ante el Senado y tomaron posesión de sus puestos en las oficinas sede del instituto, donde tuvieron un encuentro privado con los comisionados anteriores. Al día siguiente, jueves, se reunieron por primera vez en sesión para elegir a quien los encabezará. Lo hicieron de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento interior del Ifai, elaborado después de la última reforma constitucional. De conformidad con éste tendría que elegirse mediante el sistema de voto secreto y se requería la asistencia de la totalidad de los comisionados y de cuando menos seis votos a favor. Como se sabe, eligieron a Ximena Puente, ex comisionada de Colima, considerada con una buena imagen hacia el exterior, pero a quien se deja sola frente a la crítica que pueda venir. Ejercerá su cargo durante tres años y podrá ser relecta por una sola ocasión para un periodo adicional de otros tres.
Una vez integrado el cuerpo colegiado, quedan numerosos desafíos institucionales y estructurales. Por un lado, para ellos el reto consiste en demostrar su autonomía y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, no con sus respaldos políticos. Por otro lado, los siguientes pasos en la implementación de la reforma constitucional en materia de transparencia consisten en la creación de la ley general y en la armonización del resto de las normas, así como en definir las funciones del Consejo Consultivo –conformado por 10 personas– y establecer el procedimiento para su designación. Tendrán también que definirse con prontitud los procedimientos para interponer los recursos de revisión ante ese órgano garante federal, cuando se trate de organismos autónomos y órganos garantes estatales que antes no estaban sujetos al Ifai.
Hacia fuera, uno de los desafíos más importantes que enfrentará el nuevo Ifai es la desconfianza que la crisis institucional dejó tras de sí y, por supuesto, las limitaciones estructurales del ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que todavía se mantienen límites para que cualquier persona pueda ejercerlo. Por citar un ejemplo, la ley federal obliga a las autoridades a entregar la información como la tengan, lo que en muchas ocasiones limita en la práctica el acceso a ella, pues el formato de dichos documentos es altamente técnico y lo suficientemente complejo para que pocos lo entiendan. Es decir, el lenguaje institucional es muy distinto al lenguaje ciudadano. Asimismo, permanece el reto de ampliar el ejercicio útil del derecho de acceso a la información y protección de datos personales a grupos en situación de marginación. Resta decir que esta nueva etapa del Ifai estará vigilada cercanamente por la ciudadanía, ya que se espera que las y los nuevos comisionados hagan efectivo los alcances que puede tener la reforma constitucional en materia de transparencia, prevaleciendo siempre el precepto de que el acceso a la información es un derecho de todas las personas que el Ifai debe garantizar.
