iputados de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como el panista Javier Corral Jurado, informaron ayer que en la víspera en el Senado, y como parte de la reforma política recién aprobada en lo general, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional introdujeron una modificación subrepticia a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de permitir que éste otorgue pensiones vitalicias a los magistrados del Tribunal Electoral. Corral señaló como operador específico de la trampa al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos.
Esta maniobra constituye una inmoralidad mayúscula, tanto en forma como en fondo. De inicio, el grupo gobernante traicionó los acuerdos a los que habían llegado las distintas bancadas en torno a la minuta de la reforma político-electoral y aprovechó la urgencia de los grupos políticos para disponer de una legislación secundaria que dé sustento a los comicios legislativos previstos para el año entrante a fin de colocar a la oposición ante un hecho consumado: por razones de calendario legislativo, el rechazo de la minuta en la Cámara de Diputados habría obligado a devolverla al Senado y se habría postergado la discusión hasta un nuevo periodo de sesiones. De esta manera, el sistema político consiguió la aprobación mayoritaria, en lo general, de la minuta. Está por verse si en la discusión de las reservas los opositores logran echar abajo el cambio, que afecta al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Las implicaciones de fondo son mucho más graves. Las elevadas pensiones vitalicias para altos funcionarios –ex presidentes de la República, ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex directores de entidades financieras del Estado, entre otros– constituyen un agravio y una obscenidad en un entorno nacional en el que más de 50 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y cuando millones de mexicanos se ven obligados a subsistir con uno o dos salarios mínimos. La ofensa se ahonda si se considera que tales pensiones premian una conducción deficiente de las instituciones que han puesto a México en una situación de generalizado declive en lo económico, lo social y lo político. En tales circunstancias, la pretensión de ampliar ese beneficio abusivo y desmesurado a los directivos de otro organismo del Estado –el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– ratifica la insensibilidad, la falta de escrúpulos y la carencia de sentido republicano que caracteriza a la alta burocracia de los tres poderes.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en el momento presente el Tribunal Electoral aún tiene pendientes resoluciones sobre el caso Monex, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y sobre las denuncias por rebase de campaña, ambos casos referidos al entonces candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto. En palabras de los legisladores opositores, el facultar al Poder Judicial para que sume a las altísimas prebendas de los magistrados electorales –de por sí ganan más de cuatro millones de pesos al año– jubilaciones millonarias no puede dejar de verse como un soborno: jugosas pensiones vitalicias a cambio de fallos exculpatorios.
Si no es por decoro y por decencia, los integrantes de la Cámara de Diputados, incluidos los del PRI, deberían, por mera sensatez política, eliminar de la minuta de reforma político-electoral ese nuevo agravio al país y pugnar por una eliminación de los privilegios injustificados, onerosos e inmorales que gozan decenas de ex funcionarios a expensas del dinero de todos.
