La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a diez elementos de la policía estatal de Tamaulipas, quienes fueron detenidos por efectivos del Ejército en el momento en que esperaban que integrantes de Los Zetas les pagaran su ‘‘apoyo del mes’’ por un monto de 4 mil pesos.

En el reporte militar con el cual los diez policías fueron entregados al Ministerio Público Federal, se menciona que los agentes fueron aprehendidos el pasado 6 de mayo en inmediaciones de las calles 40 y Juárez, en el centro de Ciudad Victoria.

En esa zona, el 5 de mayo fue asesinado el director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Salvador de Haro; sin embargo, explicaron funcionarios ministeriales, ninguno de los policías detenidos tiene relación con ese homicidio.

Los informes aportados al Ministerio Público por parte de los militares refieren que los agentes policiacos Eliud Alejandro Mendoza Garza, Pedro Damián García Iracheta, Tadeo Osvaldo Pérez López, Edibaldo Giovany Zapata Domínguez, David Arellano Zúñiga, Antolín Aguilera Garza, Joel Alfredo Cantú Soto, Cristian Uriel Uvalle Alonzo, Epafrodito Castillo Ortiz y Carlos Baldemar Flores Castillo fueron ‘‘detenidos en razón de haber recibido una denuncia anónima en la cual se indicó que policías estatales se encontraban a bordo de dos camionetas esperando que les pagaran su cuota por cooperar con el grupo delictivo de Los Zetas’’.

Los militares se trasladaron al lugar y luego de que efectuaron la detención, según el informe, ‘‘algunos de ellos (indicaron) que se encontraban en ese lugar porque habían ido a que les pagaran su cuota los comandantes apodados El More, El Epa y Uriel, y que dicho dinero se los mandan por parte de Los Zetas el comandante Ferrari’’.

A cada uno de los policías, refirieron los militares, les dan 4 mil pesos mensuales por apoyar al grupo delictivo, y sus funciones eran ‘‘dar aviso sobre los operativos que realizaban los elementos del Ejército y autoridades federales, así como informar y apoyar cuando uno de los integrantes de ese grupo delictivo era detenido y se le llevaba a barandilla (ante un juzgado).

Los diez integrantes de la policía estatal quedaron bajo arraigo –con autorización de un juez federal– por un plazo de 40 días. La PGR investiga la versión de los detenidos, pues en sus declaraciones ante el Ministerio Público negaron los dichos de los soldados y dijeron haber sido sacados ‘‘ilegalmente’’ de sus domicilios.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República apresó a los policías una lista con los nombres de agentes presuntamente relacionados con protección al cártel de Los Zetas, así como armas que portaban de manera ilegal.