on el telón de fondo de la violencia étnica que se desarrolla en Sudán del Sur entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir –perteneciente a la etnia dinka– y los grupos de seguidores del ex vicepresidente Riek Machar –de la etnia nuer–, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha venido advirtiendo en días recientes sobre el riesgo de una hambruna catastrófica.

Al respecto, un informe elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señala que la inseguridad alimentaria se está profundizando a niveles alarmantes en áreas aisladas por el conflicto, particularmente en varios distritos del estado Unidad (norte), donde hasta tres cuartas partes de la población enfrenta una situación severa de hambre.

A dos décadas del genocidio en Ruanda por un conflicto étnico similar al que ocurre en Sudán, el mundo vuelve a asistir impávido a la perspectiva de una catástrofe humanitaria en un país africano, a consecuencia de una explosiva combinación entre la violencia propia de todo conflicto armado, la debilidad y la corrupción institucionales y las condiciones sociales ruinosas en que vive el grueso de la población sursudanesa: de acuerdo con datos de la propia ONU y de organismos humanitarios, 90 por ciento de la población de ese país –que surgió de una escisión de Sudán en julio de 2011, tras décadas de guerra con ese Estado– sobrevive con menos de un dólar al día, cerca de dos millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria –es decir, padecen hambre– y uno de cada 10 niños muere antes de los cinco años de vida.

Tales condiciones, sin embargo, convergen en un país rico en petróleo, tierras fértiles y abundancia de agua, lo cual obliga a recordar que las dificultades políticas y sociales como las referidas no son atribuibles a una pobreza territorial, sino consecuencia del saqueo sistemático que África subsahariana ha padecido por gobiernos y corporaciones privadas de Occidente: desde el histórico envío de millones de africanos a América y Europa en condición de esclavos hasta la explotación contemporánea de recursos naturales –petróleo, agua, minerales– por trasnacionales.

El resultado de ese saqueo está a la vista: saldos de desastre en materia de desarrollo social y humano, regiones arrasadas desde la óptica ambiental, estados nacionales y entramados constitucionales que no se logran consolidar, déficit de salud, educación y alimentación entre las poblaciones, además de escenarios recurrentes de violencia y barbarie, como el que Sudán del Sur padece en la actualidad.

La doble moral del mundo queda exhibida, en suma, en ese país reciente de África. El episodio hace ver la urgencia de exigir a las naciones occidentales menos superficialidad y menos intervencionismo ante los conflictos que desangran a varias partes de África, y más ayuda efectiva y consistente para el desarrollo económico, político y social de esos países. Es necesario, en suma, que Occidente empiece a saldar la deuda histórica y la responsabilidad que tiene con el continente africano y con su martirizada población.