caba de ser presentado en México el libro The politics of crime in México, del doctor John Bailey, quien ha sido director del Programa de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos (EU). Ha colaborado durante varios años en el Instituto Nacional de Administración Pública y en El Colegio de México y ha escrito quizá ocho libros sobre México, en ocasiones en cooperación con distinguidos académicos del país.
Recientemente se ha concentrado en temas de seguridad nacional y pública dentro de la relación bilateral México-EU. No conozco otro académico con tal dominio dual del tema, lo que hace al ensayo muy meritorio. Es esta gemela capacidad analítica y su perspectiva cenital lo que es quizá la mayor riqueza del texto.
El escrito es singular. Plantea el inescrutable fenómeno de la tormenta criminal que nos arrasa. Lo hace de una forma distinta, prescinde de la visión casuística, casi anecdótica, fotográfica, de las publicaciones cotidianas y, remontándose, nos ofrece una visión desde el vértice. Urgía esa perspectiva para ayudar a identificar la terrible magnitud del problema y su proyección hacia una temporalidad no predecible.
Esa visión infrecuente es toda una contribución. Una obra que actualiza aquel trabajo de Marcos Kaplan Aspectos sociopolíticos del narcotráfico, obra espléndida, pero que estaba referida al México de hace 14 años. El ensayo será de referencia para estudiosos de este tópico que se adentra y que parece consolidarse cada vez más en la vida nacional.
Quizá el atributo más notable sea el puntualizar que el sistema mexicano en su conjunto, no sólo su gobierno, se encuentra entrampado (es el calificativo que enfatiza) ante un jaque o rompecabezas donde un logro conduce a una nueva manifestación criminal, ésta a una nueva resolución y así interminablemente. Induce a pensar que el crimen es un caleidoscopio inagotable (caso Michoacán).
Plantea lo que para algunos escritores oficialistas sería un anatema: 1) Aceptar que parte de origen del vendaval calamitoso que padecemos es la ruptura de lo que Bresser Pereira y Yoshihaki Nakano llaman contrato social
, el que sostuvo el equilibrio del sistema por décadas: ellos se refieren cautelosamente quizá a la dictadura perfecta
, que nunca fue sustituida ventajosamente con la llamada transición ni superada por nada en sus particularidades de autoritarismo/populismo, hábilmente operado por el PRI/gobierno; 2) reconocer que el sistema electoral no tiene ninguna conexión con el pueblo votante y 3) la realidad de una lenta reforma del sistema seguridad pública/justicia.
Son de singular fuerza sus análisis, en particular el del secuestro como el crimen más doloroso para la sociedad, el de la extorsión y los homicidios, el de las increíbles deficiencias del sistema de seguridad/justicia y el del acoso que sufren los medios periodísticos especializados.
Del primero presenta un desmenuzado examen de sus tipicidades, actores y consecuencias que resulta, aun ahora, muy ilustrador. Identifica la mayor deficiencia del sistema seguridad/justicia como el círculo vicioso de demandarse mayores y mejores oficiales actuantes y de cuántas son las limitaciones para reclutarlos, reducarlos en aspectos de ética e incorporarlos. Revela también cómo poderosos políticos resultan facilitadores de la impunidad.
Señala que el acoso criminal y oficial al periodismo significa todo un estigma y hace que no se capitalice el valor de sus colaboraciones libres, constituyéndose en una pérdida para la opinión pública y la justicia, además de nulificarse como un elemento formador de una cultura social indispensable.
Concluye en que todo ello se encapsula en una gran desconfianza popular sobre la seguridad/justicia, que en México está por debajo de la que se registra en Uruguay, Brasil, Costa Rica y Venezuela, y que es sólo superior a Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Perú.
Por su extranjerismo cuida mucho las formas para opinar propositivamente en materia política, pero ofrece ideas que enfila en cuatro segmentos: 1) una mayor participación y mejor cualificación de los actores del sistema seguridad/justicia, principalmente alcaldes y gobernadores, a los que juzga hoy excluidos de facto del esfuerzo en pro de la seguridad; 2) acometer con énfasis a las grandes organizaciones criminales; 3) interesarse más en la aportación comprometida y eficaz de ONG, y 4) seguir impulsando la reforma de un sistema judicial hoy altamente politizado.
Con ánimo constructivo, sentencia como colofón: El punto a subrayar es que aspectos importantes de la trampa de seguridad se pueden enfocar mediante una política hábilmente diseñada y ejecutada. En un sentido positivo los traumas de la década pasada han producido anticuerpos que pueden empezar a fortalecer un gobierno democrático. La gran cuestión es si una hábil ejecución es sostenible
.
Le gusta referirse a la utopía, reconoce que su valor es sólo indicativo, pero sostiene que para el caso mexicano de hoy, materializarla es el único camino. Estoy en total acuerdo con él, como que no queda más.
