A finales del sexenio se observarán los mayores beneficios de la reforma energética, afirma
grandes márgenes de mejora
Miércoles 14 de mayo de 2014, p. 32
Las propuestas del gobierno federal para despetrolizar
las finanzas públicas, contenidas en las iniciativas de legislación secundaria de la reforma energética, tienen grandes márgenes de mejora
, sostuvo este martes BBVA Bancomer.
El ingreso de inversión extranjero al sector, uno de los objetivos buscados por los promotores de la apertura, llegará en el mediano y largo plazos, por lo que sus mayores beneficios se observarán al final del presente sexenio
, que termina en 2018, apuntó.
A finales de abril, el gobierno federal entregó al Congreso las propuestas de legislación secundaria, que llevaría al terreno de la práctica la reforma constitucional que abrió el sector energético –hasta entonces reservado al Estado– a empresas privadas nacionales y extranjeras.
La propuesta gubernamental de legislación secundaria de los artículos 27 y 28 constitucionales consta de 21 leyes, de las cuales 12 se modificarán y nueve serán nuevas. Se encuentran agrupadas en nueve bloques: 1) hidrocarburos; 2) eléctrico; 3) geotermia; 4) Agencia Nacional de Protección Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 5) empresas productivas del Estado, como ahora se denominará a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 6) órganos reguladores y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7) fiscal; 8) Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y 9) presupuesto.
Actualmente la explotación del petróleo genera uno de cada tres pesos del dinero con el que se financia el gasto público, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su análisis publicado este martes, Bancomer mencionó que para mitigar el impacto sobre las finanzas públicas derivado del cambio en el régimen legal de la industria energética, la carga fiscal de Pemex se reducirá de manera gradual de 79 a 65 por ciento de sus ingresos en un lapso de 10 años.
Pemex tendrá libertad para diseñar su estrategia de financiamiento, sólo sujeto a que al inicio de cada año se coordine, en igualdad de condiciones, con la Secretaría de Hacienda para que haya una planeación sobre sus operaciones financieras con objeto de que no se generen condiciones desordenadas en los mercados financieros, comentó Bancomer. En el caso de la CFE el gobierno dejará de cobrarle un porcentaje del valor de sus activos y solamente se pagará el Impuesto Sobre la Renta.
Ambas empresas ya no necesitarán la aprobación de Hacienda para conformar su presupuesto, pero tendrán que seguir reportando sus ingresos y gastos al Congreso de la Unión. Este último, y ya no la SHCP, será quien determine el techo de endeudamiento para ambas empresas.
Si bien es necesario darle un periodo de transición al régimen fiscal de Pemex para que el gobierno federal reduzca la considerable dependencia financiera que tiene de la empresa, el periodo de 10 años pareciera ser demasiado largo
, según la valoración de BBVA sobre el alcance de la propuesta gubernamental de legislación secundaria.
La propuesta gubernamental prevé la creación de un fondo mexicano del petróleo, mecanismo que recibirá y ejecutará los pagos en las asignaciones y los contratos para la extracción de hidrocarburos. Las decisiones sobre el uso de los recursos correrán a cargo de un comité integrado por los secretarios de Hacienda y Energía; el Banco de México y cuatro miembros independientes nombrados por el Senado. Sin embargo, apuntó Bancomer, el fondo comenzará a acumular recursos una vez que se destina al Presupuesto de Egresos el equivalente a 4.7 por ciento del producto interno bruto del año correspondiente.
Recorren terminal de gas en Jalisco
El director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, recorrieron ayer la nueva terminal de distribución de gas LP en Zapotlanejo, la cual, por la demanda de la población, sustituyó a la terminal de Zapopan, que funcionó durante 37 años. La inversión de la obra fue de 73 millones de dólares.
Esta moderna terminal, en operación desde diciembre de 2013, garantiza el suministro de gas LP en la zona metropolitana de Guadalajara y diversas partes de Jalisco, Nayarit, Colima, Durango, Zacatecas y Sinaloa.