asemos a la báscula (modesta y personalísima) a don Benito Nacif. Sobre su persona hay buenas, hay malas y alguna opinión familiar, en la que confío (hago la aclaración porque lo familiar no implica lo confiable, ¿verdad, Carlos?). A principios de junio del año pasado me permití dirigir al Instituto Federal Electoral, al tribunal electoral y al secretario de Gobernación sendas y respetuosísimas comunicaciones con las cuales se me ocurrió darle un RCP (Reanimación Cardiopulmonar) a un articulito constitucional por demás en desuso: el octavo, es decir, el derecho de petición que la Constitución otorga a todo ciudadano. Mi petición era por demás simplona: ¿De la manera más atenta y comedida le peticiono (primera persona del presente de indicativo del verbo peticionar) decirme por escrito si la información relativa a las elecciones constitucionales, que se llevarán a cabo en todo el país el próximo domingo primero de julio, y en las que 79.4 millones de ciudadanos estarán en posibilidad de elegir a dos de los poderes que integran el gobierno de la República, las considera usted de trascendencia para la nación? Lo anterior, evidentemente, no era una humorada, una asechanza o una pregunta capciosa de mi parte, porque no se la formulaba a uno de los 80 millones de ciudadanos que formaban el potencial electoral federal, sino a nueve consejeros del IFE, a siete magistrados del tribunal electoral y a un secretario de Estado, el de Gobernación, quien tiene a su cargo regular el cumplimiento de los preceptos constitucionales y atender los asuntos de la política interna. Dado que al secretario de marras, pese sus constantes desatinos, seguramente hay pocas personas que lo recuerden (menos que a José Manuel Herrera, primer titular de esa dependencia en 1917), debo siquiera decir sus iniciales: Alejandro Alfonso Poiré Romero. Sí, exactamente ese, el delator de las ratas que invadieron Gobernación y pulularon por toda la administración pública durante los sexenios foxicalderonistas.

La petición tenía la clara intención de obligar al gobierno de Felipe de Jesús a dar al debate Peña Nieto/Josefina/López Obrador, la dimensión y profundidad que el asunto ameritaba, puesto que el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión faculta a la Secretaría de Gobernación a ordenar la cadena nacional de radio y televisión, para trasmitir informaciones de trascendencia para la nación. ¿Cómo podía imaginar que un mexicano de razón pudiera contestar negativamente a mi pregunta? Pero, como diría tan sabiamente el maestro Rubén Blades: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Los siete sabios jurisconsultos que integran el tribunal electoral, por medio de una boca de ganso, llamado Marco Antonio Zavala Arredondo, contestaron a mi petición con los 10 renglones más torpes, cínicos y desvergonzados que haya yo visto en un comunicado oficial. En relación a sus atentos escritos de 4 de junio pasado, dirigidos a los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante acuerdo plenario, se me ha instruido comunicarle que la Sala Superior así como la y los Magistrados que la integran, ejercen las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la legislación secundaria emitida al amparo de la misma, entre las que no se encuentra la de desahogar opiniones consultivas (archirrecontra SIC), motivo por el cual no se está en posibilidad de obsequiar su petición. La torpe y pésimamente mal redactada contestación no sólo fue una fallida forma de quererse pasar de vivos, pues demostraron ser verdaderamente tontos. No los exhibí más en su momento porque la estupidez me abruma y el cinismo me asquea. Estos ilustres letrados consideraron que mi derecho constitucional de petición podía ser borrado si lo llamaban, simplemente: opinión consultiva. Brevísimo breviario cultural. Merced a una investigación de Reforma, que mucho agradezco: Los magistrados del Trife ganaban, en 2012, las siguientes minucias: sueldo neto: 298 mil. Una prima vacacional de 57 mil pesos. Un aguinaldo de 329 mil 898. Tenían un equipo de al menos 22 personas (así se le llama a los guaruras intelectuales que hacen el trabajo que ellos deberían realizar, mientras están viajando por el extranjero), algunos con percepciones de 1.9 millones de pesos anuales netos. En los últimos meses de 2012 se gastaron más de 4 millones en celulares, servicio sky y mantenimiento de sus autos, pero lo increíble: cada magistrado recibió cerca de medio millón de pesos por un bono de riesgo, dado lo peligroso y audaz de su función. Ya ven ustedes el número de heroicos magistrados que han sido víctimas de atentados en los recientes años por causa de los honorables e impolutos fallos emitidos, con riesgo de su integridad física y, principalmente, de su integridad moral. Y si hay todavía un rescoldo para la santa y justa indignación, sepan ustedes que los señores magistrados reciben un pago más, para sus gastos de comer y descomer o, ¿cómo podemos catalogar el pago de 38 mil 125.26 pesos del sanitario portátil contratado en julio de 2012?

Con todos estos emolumentos, canonjías, trapacerías (aunque la ley las avale), ¿el tribunal electoral no pudo comisionar a dos o tres de sus 145 asesores (hay magistrados que tienen más de 20 y hay asesores que ganan hasta 1.9 millones de pesos), para que me formularan una respuesta menos estúpida y servil?

Y no he terminado. Estoy leyendo un Cuaderno de Debate del CIDE, cuyo autor es Eduardo Ramón González, y un Informe del Observatorio del Salario Mínimo de la Uia, de Puebla, trabajado al alimón por Miguel Santiago Reyes, Juan Carlos Domínguez y Samuel Amador. No imaginan lo que contienen esos trabajos. No puedo leerlos sin una jarra de té de tila con unas gotitas de Nolly Prat y un chorro de Beefeater. Ya abundaremos al respecto si, abuela reciclable dixit, Dios nos da vida y salud.

Voy a dejar para otra ocasión, si se da, la contestación de Poiré. Depurada expresión de una supina ignorancia de lo que era su materia de trabajo y de un uso tan lamentable del idioma, que la prueba enlace para párvulos hubiera sido motivo de cese por parte de un Ejecutivo menos acostumbrado a las H: (haiga sido, como haiga sido). Vean y digan si exagero: “Su escrito –se me contestó– A sido turnado a la Unidad para el Desarrollo Político…” El señor secretario de Gobernación equivocó forma y fondo: los tiempos que el Estado asigna a los partidos como prerrogativas electorales, nada tienen que ver con los tiempos estatales a los que se refiere la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 59: media hora diaria y gratuita. Ni con los llamados tiempos fiscales, o sea, 12.5 por ciento, que la aguerrida bruja de los cuatro puntos cardinales del Bajío negoció, para mal de la nación, con el galán fundamental del canal de las estrellas, don Bernardo Gómez, quien la hizo padecer bochornos, hasta ese entonces desconocidos, al primer encantado, mi primera dama. No soy afecto a las referencias físicas, pero Poiré demostró que, mentalmente, estaba a la altura de su jefe, Felipe de Jesús.

¿Y don Benito Nacif? Hasta donde nos alcance el espacio, digamos: 1. Fue el único consejero que contestó individualmente la petición a la que he hecho referencia. Fue, sin lugar a dudas, atento a una obligación constitucional, al menos en la forma. En el fondo es la carta más obtusa que alguien se pueda imaginar: dedica 25 renglones a decirme qué es el IFE, la misión del instituto y me invita a consultar la página del mismo, en Internet. Una respuesta, una definición, ni por asomo. Sabe que está obligado a responder, pero no se atreve a hacerlo. Modosito. 2. Poco antes de ser electo consejero escribió vitriólicos artículos contra la reforma electoral que luego, pasandito el tiempo, se comprometió a cumplir y hacer cumplir. ¿Entró en razón o conveniencia? No lo sé, pero le creo. Es un creyente con remordimientos de conciencia. 3. Referencia familiar: maestro, académico muy responsable, cumplido estudioso y serio. Con lo que ha ganado y va a ganar, espero que su prestigio le importe más que las lentejas. En nada me incomoda que sea un archifilopanista, me preocupa más que sea tan proclive a los intereses empresariales. Le otorgo el beneficio de la dudísima. Regresa alguna abuela reciclable y me recuerda: de los arrepentidos se vale Dios. Siguen el maestro Baños, Arturo Sánchez y el señor consejero presidente (y necia la abuela: Dios mediante).

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