yer, al grito de ¡Ya basta!, miles de ciudadanos realizaron una manifestación en Tampico, Tamaulipas, en demanda de un cese a la desbocada violencia que padece esa entidad, el restablecimiento del estado de derecho y una seguridad pública efectiva.

La demostración es sobradamente justificada. Tamaulipas es uno de los estados más devastados por el auge de la criminalidad, la pérdida del control territorial por los tres niveles de gobierno y la infiltración de instituciones de seguridad pública y justicia por la delincuencia organizada.

En la entidad del noreste esos fenómenos se habían desarrollado ya desde el sexenio antepasado, llegaron a grados de paroxismo durante el calderonato y prosiguen hoy en día sin que pueda vislumbrarse una solución clara y eficaz. Las confrontaciones entre cárteles rivales y la ausencia de acciones oficiales han derivado en masacres, comunidades abandonadas, desamparo generalizado, violaciones graves a los derechos humanos por las fuerzas públicas y desarticulación económica. Pero lo más trágico es que el tejido social tamaulipeco ha sido devastado desde hace años en forma particularmente severa.

Ello explica la aparente paradoja de que en la entidad, una de las más afectadas por la violencia impune, y una de las que han debido pagar los precios más altos por estrategias equivocadas y miopes de seguridad pública, la sociedad no haya sido capaz de movilizarse ni de ofrecer respuestas organizadas a la tragedia y se haya refugiado, hasta ahora, en la determinación individual de la supervivencia.

En efecto, a diferencia de lo ocurrido en Chihuahua, Morelos, Michoacán o Veracruz, por ejemplo, donde los ciudadanos han emprendido importantes movilizaciones en la lucha contra la impunidad, en demanda de seguridad y en la exigencia de presentación de los desaparecidos, los tamaulipecos habían venido padeciendo en silencio el embate de la criminalidad, la exposición a los fuegos cruzados, los levantones y la instauración de sangrientos poderes fácticos en diversas zonas.

Con esos elementos de juicio en mente, la manifestación llevada a cabo ayer en Tampico, con el telón de fondo de la renovada y masiva violencia que ha asolado la entidad en semanas recientes, puede marcar un parteaguas esperanzador para la entidad.

Desde luego, la movilización social no es capaz por sí misma de detener la barbarie, pero al menos puede hacerla visible, en el ámbito nacional e internacional, primera condición necesaria para combatirla y erradicarla.

Desde otra perspectiva, manifestaciones como la mencionada no tienen impacto alguno en los estamentos delictivos y ni siquiera deben aspirar a ello, porque resulta disparatado que la sociedad convierta a la delincuencia en su interlocutora. Las interpeladas son las instituciones de los tres niveles de gobierno encargadas de prevenir, combatir y perseguir a la criminalidad y de procurar e impartir justicia, las cuales, en Tamaulipas y en todo el país, han venido fallando en su tarea desde hace mucho tiempo.