Elba Esther Gordillo no sólo debe ser juzgada por malversar los fondos sindicales, sino por ser autora intelectual de crímenes perpetrados a lo largo de más de dos décadas de poder absoluto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmaron dirigentes magisteriales, quienes señalaron que un caso documentado y denunciado es el de Misael Núñez Acosta.

En entrevista por separado, los secretarios generales de la sección 7 de Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez, y de la sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, señalaron que en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estaremos muy pendientes del proceso, pero alertaron que no es suficiente que se le acuse de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Gordillo, dijeron, debe rendir cuentas claras ante la ley y pagar por todo el daño que ha hecho al magisterio, pero advirtieron que no se trata sólo de que ella permanezca en prisión. Muchos de sus cómplices siguen en libertad, e incluso el gobierno federal ha reconocido como nuevo presidente del gremio a Juan Díaz de la Torre, uno de sus más cercanos colaboradores y quien conoció de cerca el manejo de los recursos del sindicato.

La prisión, ajuste de cuentas

Luego que el juzgado sexto de distrito en materia penal, con sede en la ciudad de México, confirmó el proceso contra la ex dirigente sindical por los citados delitos, los maestros disidentes e integrantes de la Dirección Política Nacional de la CNTE, afirmaron: si hoy se encuentra en prisión no es por la búsqueda de hacer justicia, transparentar el uso de los recursos del SNTE y proteger el patrimonio de los maestros, es porque el propio gobierno hizo un ajuste de cuentas.

Recordaron que Gordillo Morales fue por muchos años representante incondicional de las administraciones federales en turno, pero al no disciplinarse con el gobierno entrante le aplican imputaciones de delitos que ellos mismos favorecieron en el pasado.

Para los miles de maestros que hemos exigido la democratización del SNTE, afirmaron, queda claro que no hay verdadera intención de sancionar a quienes incurrieron en actividades ilegales por muchos años usando las cuotas de los profesores. Constatamos que Díaz de la Torre es el nuevo instrumento que utiliza la actual administración para tratar de justificar e imponer su mal llamada reforma educativa.