A pesar de que en México hay 5.4 millones de personas que no saben leer ni escribir, el programa institucional de alfabetización y abatimiento del rezago en la enseñanza, que encabeza el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), atenderá como población objetivo a 3.8 millones de entre 15 y 79 años, pues del total, un millón 50 mil tiene limitantes físicas o mentales y 400 mil superan los 80 años, por lo que no están contemplados para su atención.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió en el Diario Oficial de la Federación los programas en la materia para el periodo 2014-2018, así como del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en los que se presenta un diagnóstico, así como las metas y acciones que se realizan para mejorar los indicadores de enseñanza.

Reconoce que uno de los temas más sensibles es la población analfabeta, de la cual 27 por ciento es hablante de una lengua indígena; 64 por ciento tiene entre 15 y 64 años; siete de cada 10 están desempleados, mientras sólo 20 por ciento percibe ingresos de menos de dos salarios mínimo, y al menos la mitad reside en 97 mil localidades rurales.

Sin embargo, especifica que el objetivo son sólo 3.8 millones de analfabetas, de los cuales 440 mil tienen entre 15 y 29 años, 1.2 millones se ubican entre 30 y 49, 1.6 millones son mayores de 50 y menores de 70, y 440 mil tienen entre 70 y 79. La meta sexenal es alfabetizar a 2.2 millones para reducir el índice de 6.9 a 3.4 por ciento.

Sin diagnóstico real sobre la infraestructura educativa

Advierte que de no concretarse este esfuerzo, el porcentaje de personas que no sabrán leer ni escribir podría alcanzar 5 por ciento de la población para finales de 2018, por lo que buscará incrementar de 10 mil a 50 mil el número de localidades atendidas, a lo que se suma que sin una intervención decidida, para 2025 el número de mexicanos mayores de 15 años en rezago educativo podría alcanzar 34 millones.

En cuanto a la infraestructura educativa, advierte que de los 112 mil 656 planteles construidos en todo el país para fines formativos, 23 por ciento no cumplen con especificaciones técnico-constructivas y de materiales para techos, 5 por ciento para paredes y 67 por ciento para la instalación de piso.

El organismo concluye que los recursos federales distribuidos a los tres niveles de gobierno no se han aplicado de forma integral y que la falta de calidad de la infraestructura escolar se debe a la ineficiencia en el gasto.

Con recursos anuales promedio de 10 mil millones de pesos, el Inifed reconoce que no se cuenta con un diagnóstico real y actualizado de la infraestructura educativa, a pesar de que enfrenta deterioro provocado por el uso intensivo de los inmuebles, falta de mantenimiento adecuado y desgaste por el paso del tiempo y los efectos de fenómenos naturales.

Asimismo, señala que se dispone de información poco confiable, y la que se tiene es dispersa, no actualizada e incompleta, por lo que alerta sobre el riesgo que enfrentan las comunidades escolares, pues la SEP detectó que 51 por ciento de los planteles tienen 30 o más años de antigüedad, por lo que requieren reparaciones mayores.

Señala que a partir de 2013, con la aplicación del Programa Escuelas Dignas, se detectaron 25 mil centros educativos que demandaban acciones generales de mantenimiento, además de que 3 por ciento carece de suministro de agua, 6 por ciento no tiene drenaje, 4 por ciento no cuenta con acceso a energía eléctrica y en 86 por ciento no hay bebederos.

Por lo que respecta a la elaboración, producción y distribución de los libros de texto gratuitos, la Conaliteg advierte que en los próximos años se irá definiendo un nuevo catálogo de éstos y otros materiales, el cual probablemente será mayor que el vigente para el ciclo escolar 2013-2014, que cuenta con mil un títulos y la producción de 239 millones de libros para prescolar, primaria y secundaria, por lo que establece que aún no se puede saber con precisión el impacto presupuestal de las posibles modificaciones.

En su programa institucional, el Conafe destaca que entre los principales retos que se afronta está la inclusión en las aulas de 3 millones de niños y jóvenes de entre 6 y 17 años que no asisten a la escuela. De ellos, considera como población de prioridad inmediata a 71 mil menores en edad de cursar su educación básica que viven en localidades rurales e indígenas que no acceden a ningún sistema formativo.