Buenos Aires, 8 de mayo.

La justicia de Argentina dictó hoy el procesamiento de ocho jefes y 33 agentes de las policías Metropolitana y Federal, en la causa que investiga tres muertes ocurridas durante la represión, en 2010, contra los ocupantes del Parque Indoamericano, en el populoso barrio de Villa Soldati, en esta capital.

Son acusados de los delitos de homicidios y lesiones, como reclamó en su momento el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyos abogados representan a familiares de una de las víctimas, Rossemary Chura Puña.

Los abogados del CELS consideran que por ahora queda pendiente la indagatoria de Eugenio Burzaco, quien era entonces jefe de la Policía Metropolitana, de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.

De los 41 procesados, ocho agentes de la Federal fueron imputados por abuso de armas, 25 de la Metropolitana por homicidio y lesiones en agresión, en tanto que la totalidad de jefes de ambas policías fueron procesados por homicidio y lesiones culposas, tal como solicitó el CELS.

Para este organismo está probado que la Metropolitana actuó en coordinación y bajo la dirección de los jefes de la Policía Federal y tuvo un accionar violento y de descontrol en el uso de la fuerza letal y también consideró que el accionar ilegal de la fuerza de seguridad incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso abusivo de disuasivos químicos y el disparo de cerca de 600 cartuchos antitumulto.

Durante esas acciones resultaron muertos, Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 22 años que vivía en la (ciudad perdida) Villa 20 , y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, ambos de Bolivia. Esto sucedió cuando unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana actuaron para desalojar a familias que habían ocupado los terrenos del parque para establecer un asentamiento y construir en el lugar de uso público viviendas precarias.

Los jefes policiales federales son los comisarios Hugo Lompizano, quien dirigía la Dirección General de Operaciones en esos momentos, Juan Quintero, a cargo de la Circunscripción VIII, y Emilio Miragaya, titular de la Seccional 36ª.

En tanto, los jefes de la Metropolitana señalados por el CELS son los también comisarios Claudio Serrano, César Menardi y Alberto Ojeda y el superintendente de Seguridad Miguel Ciancio.

Lompizano, Quintero y Miragaya fueron acusados de impartir las directivas para ambos grupos policiales, en un hecho que conmovió a la opinión pública nacional.

En diálogo con la agencia oficial Télam el abogado Federico Efrom, del CELS, explicó que ahora los defensores de los policías podrán apelar y si ello se produce el tema se elevará a la Cámara del Crimen de la Capital Federal.

Advertencia del CELS

Por otra parte, el CELS advirtió en un comunicado sobre las probables motivaciones que pueden existir detrás del asesinato en Brasil del teniente coronel retirado Paulo Malhaes, el pasado 24 de abril, quien un mes antes había realizado una confesión inédita en ese país reconociendo que los militares cometieron asesinatos contra los detenidos en la Casa de la Muerte de la localidad de Petrópolis, durante la pasada dictadura (1964-1985), explicando que las víctimas eran mutiladas -cortándoles los dedos o quitándoles la dentadura- para que no pudiesen ser identificados en el caso de que el cadáver fuese hallado.

La declaración de Malhaes ante la Comisión Nacional de la Verdad -creada en 2012 por la presidenta brasileña Dilma Rousseff para esclarecer los crímenes de la dictadura- fue la primera de un militar brasileño, pero sin mostrar ningún arrepentimiento, y además confesando que él mismo torturó, asesinó y ocultó cadáveres,

El asesinato de Malhaes enciende una luz de alerta para todos aquellos que buscamos memoria, verdad y justicia en la región. Estos procesos implican desafíos constantes. Entre ellos, las acciones violentas contra los actores involucrados, ya sean víctimas, acusados, condenados, testigos, abogados o funcionarios judiciales, señala el texto del CELS, que preside el periodista Horacio Verbitsky.

Integrantes de la Comisión de la Verdad de Brasil consideran que la muerte de Malhaes puede tener el doble sentido de destruir archivos y al mismo tiempo enviar una señal a los otros ex militares que declararán ante la CNV. Aunque la muerte pueda responder a otras razones, es necesario que se garantice una investigación efectiva e imparcial del crimen, tal como lo han solicitado los integrantes de la CNV, añade el comunicado.

Asimismo estima la organización humanitaria que Malhaes fue tal vez el único agente de la represión, que dio información clara sobre cómo el Estado dictatorial actuó como una verdadera organización criminal. Estas declaraciones niegan la versión muy difundida según la cual la de Brasil habría sido una dictablanda, señala el texto del CELS