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Discrepan en la ALDF sobre la responsabilidad por el desgaste ondulatorio de las vías

Pendientes o mal ejecutados, 865 trabajos de constructores, señala directivo del STC
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Enrique Horcasitas (segundo de derecha a izquierda), ex director de Proyecto Metro, durante la sesión de trabajo con la comisión especial de investigación sobre la línea 12, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que participaron funcionarios del SCY y representantes del consorcio constructor de la línea doradaFoto Cuartoscuro
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de mayo de 2014, p. 34

El director general de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Óscar Díaz González, informó que 865 trabajos de la línea 12 del Metro están pendientes o mal ejecutados y que se están exigiendo al consorcio constructor formado por ICA, Carso y Alstom, por conducto del Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF).

En entrevista, luego de una mesa de trabajo con diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), explicó que dichos faltantes son variados, como inundaciones en registros que no se comunican a los cárcamos de bombeo, trabajos de obra civil y problemas en los equipos contra incendios, que, dijo, espera se solucionen en los casos en que el PMDF determine que son exigibles por contrato al consorcio, antes de que se reanuden las operaciones en el tramo suspendido.

Díaz González ratificó el plazo de seis meses para poner en operación toda la línea, a partir de la fecha en que se dispuso la suspensión, el pasado 12 de marzo.

Dijo que en una semana se tendrán los primeros informes de TSO, Systra y SNCF. Creemos que vendrán las soluciones que nos permitirán poner la línea en operación, una vez hechos los trabajos de rehabilitación por la Secretaría de Obras y Servicios. Informó que está por llegar una máquina contratada por conducto de la firma TSO, y con la que trajo el consorcio tendrán a disposición dos equipos que permitirán una atención más rápida al problema de desgaste ondulatorio en las vías que originó la suspensión parcial del servicio.

En la mesa con los diputados que integran la comisión de investigación para la línea 12, el representante del consorcio constructor, Ricardo Moscoso Morán, deslindó a las empresas de la responsabilidad de resolver el problema de desgaste ondulatorio, ya que (el PMDF) no lo incluyó en el manual de mantenimiento y no viene en el compromiso que tiene de garantía como en el contrato.

El representante de PMDF, Sotero Díaz Silva, respondió que el contrato establece que el concursante ganador deberá garantizar las condiciones de operación en seguridad de las instalaciones del sistema de vías mediante los mantenimientos necesarios.

Por otra parte, Francisco Bojórquez, director del Sistema de Transporte Colectivo en la administración pasada, expuso a los legisladores un ejercicio matemático para explicar el beneficio social del proyecto de prestación de servicios (PPS), mediante el cual se obtuvieron los 30 trenes de rodadura férrea para la línea, por 18 millones de pesos a 15 años con la empresa CAF.

En su explicación señaló que en su operación normal, es decir, sin la suspensión parcial del servicio que se aplicó el 12 de marzo pasado, la suma del ahorro en pasajes y en tiempo, con un aforo de 440 mil usuarios en un año (300 días de demanda intensa) es de 4 mil 389 millones de pesos.

Agregó que si el contrato con CAF implica compromisos de pago anuales del gobierno de la ciudad por mil 200 millones de pesos en 15 años, el tiempo estimado de recuperación de la inversión a partir de dicho beneficio social es en más o menos cinco años. Y si esta operación se aplica a la inversión en obra civil y electromecánica, como 22 millones de pesos, la recuperación sería en otros cinco años.

Hoy, diputados locales realizarán un recorrido por la línea 12. El presidente de la Comisión, Jorge Gaviño Ambriz, dijo que el documento final se presentará a finales de mayo, pero aclaró que no será vinculatorio y contendrá observaciones y recomendaciones al gobierno y a la Asamblea Legislativa, como reformas para que una obra pública no se realice sin proyecto ejecutivo.