Se ejercitará acción penal en su contra, dice el CJF
Miércoles 7 de mayo de 2014, p. 3
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya dio vista al Ministerio Público para que ejercite acción penal en contra de los jueces federales Hiram Barbosa Alanís y Luis Armando Jerezano, quienes presuntamente favorecieron a grupos de empresarios de centros de apuestas que operan en Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila, informaron funcionarios de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, el CJF dio a conocer que Mario Alberto Pardo Rodríguez se separó de su cargo como secretario técnico de la ponencia del consejero Daniel Cabeza de Vaca Hernández, a fin de ‘‘facilitar la investigación del caso en que se han visto involucrados funcionarios judiciales federales sobre posibles actos ilícitos relacionados con la actividad de casinos’’.
La vinculación de magistrados se investiga desde 2011
Las investigaciones por la presunta vinculación de jueces y magistrados con resoluciones que beneficiaban a propietarios de casinos se ventila desde 2011, y tanto la PGR como el Poder Judicial Federal han realizado diligencias para determinar el grado de responsabilidad en que pudieron haber incurrido los impartidores de justicia.
A ese respecto, el CJF y la PGR han compartido información financiera, de desempeño y de tipo administrativo, que ha acreditado que al menos los jueces Hiram Barbosa Alanís y Luis Armando Jerezano deben ser consignados y posteriormente procesados por delitos contra la administración de la justicia y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalaron las fuentes consultadas.
Ayer, tras conocerse la separación de Mario Alberto Pardo, el Consejo de la Judicatura recordó que en enero pasado el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal encontró elementos suficientes para indagar procedimientos disciplinarios de oficio en contra del juez Luis Armando Jerezano Treviño y de quien fuera su secretario de juzgado, Gerardo Tiscareño Mercado, por conductas constitutivas de probables irregularidades de su desempeño en el juzgado cuarto de distrito de La Laguna, en Torreón, Coahuila.
Asimismo, el CJF agregó que ‘‘en su sesión del pasado 5 de marzo resolvió iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Barbosa Alanís y de sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González, y suspenderlos hasta en tanto se resuelva el mismo’’. Ayer, la Judicatura reiteró que indagará todas las quejas o denuncias que se presenten en contra de los impartidores de justicia. Ambos jueces y sus colaboradores se encuentran suspendidos en sus funciones por el CJF.
La separación de Alberto Rodríguez como secretario técnico de uno de los consejeros de la Judicatura Federal se dio el mismo día en que se difundió en un diario que dicho funcionario se reunió personalmente con el magistrado federal José Manuel Rodríguez Puerto, quien pidió el apoyo de la Judicatura para lograr un cambio de adscripción.
El magistrado Rodríguez forma parte de un tribunal colegiado en Tamaulipas y pretendía, mediante el apoyo del abogado Francisco Salazar Arreozola (apoderado legal de Juan José Rojas, el llamado zar de los casinos), conseguir un cambio de adscripción para hacerse cargo de un tribunal con sede en Monterrey, ciudad donde abundan empresas dedicadas al servicio de las casas de apuesta.
