l comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que no habrá prórroga para el desarme de los grupos de autodefensa que operan en la entidad, el cual se fijó para el próximo sábado 10 de mayo; expuso que la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán cuenta con 2 mil 286 registros de personas para formar parte de la Fuerza Rural Estatal.

Tales afirmaciones son puestas en entredicho por los señalamientos formulados la víspera por el líder de las autodefensas, Juan Manuel Mireles, quien desde hace días ha insistido en que se corre el riesgo de convertir a las guardias civiles en agrupaciones paramilitares y los funcionarios federales sólo han planteado el desarme de esas organizaciones, pero no el de Los caballeros templarios. Ha afirmado que la presencia del gobierno federal ha agravado la situación de Michoacán, que sigue siendo un infierno.

Las colisiones declarativas no se producen sólo entre representantes del gobierno y de las autodefensas, sino también entre las propias autoridades. A contrapelo de lo expresado por Castillo, el titular de Gobernación negó hace unos días que se haya emitido un ultimátum a los grupos de autodefensa de Michoacán para que entreguen las armas y llamó a que a nadie le corra prisa. Con esas declaraciones, el funcionario desmintió de paso lo expresado previamente por el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, en el sentido de que los grupos de las autodefensas se estarán desarmando el próximo 10 de mayo, como ellos mismos lo decidieron.

Por su parte, las autodefensas siguen exhibiendo creciente división interna, que en semanas recientes se ha traducido en descalificaciones y acusaciones mutuas de sus integrantes, como reconoció la víspera el propio Mireles.

Este descontrol resulta desesperanzador para las perspectivas de solución del conflicto que se vive en Michoacán y resta credibilidad y sustento al acuerdo suscrito el pasado 14 de abril entre los civiles en armas y las autoridades federales y estatales porque no se ve un consenso claro ni siquiera entre estas últimas, mucho menos condiciones propicias para el desarme referido. Adicionalmente, las divisiones internas y los cruces de acusaciones de las autodefensas hacen pensar que dicho escenario, en caso de concretarse, resultaría sumamente peligroso, en la medida en que los que acepten dejar las armas quedarían inermes y a merced de autodefensas rivales y, por supuesto, de los propios grupos delictivos.

Más allá de esas consideraciones, el proyecto gubernamental de pacificar Michoacán mediante la firma de acuerdos como el referido resultó inverosímil desde un inicio: dicho proyecto pasó por alto la imposibilidad de desmantelar, en un plazo de tres semanas, a una organización que ha penetrado profundamente las esferas política económica y social de Michoacán, como Los caballeros templarios, y soslaya la posibilidad de que ese grupo pueda ser desplazado por alguna otra corporación criminal.

La perspectiva de fracaso a que se enfrenta el plan de desarme gubernamental en Michoacán debiera ser vista como advertencia para las autoridades de todos los niveles de gobierno, las cuales hasta ahora han manejado el asunto con superficialidad e indolencia y han actuado como si la anulación del estado de derecho en el país se limitara al surgimiento de expresiones como las autodefensas.

En la circunstancia descrita, el gobierno federal debe entender que, más que insistir en el cumplimiento de un convenio que carece de fuerza legal –en la medida en que uno de sus signatarios carece de existencia jurídica y es difuso por naturaleza–, resulta necesario que las autoridades actúen con prudencia, funjan como factor de distensión en el escenario michoacano y contribuyan efectivamente a una recuperación del estado de derecho en la entidad. Para ello es necesario no sólo combatir las expresiones epidérmicas de los problemas en materia de seguridad y combate a la delincuencia, sino atender sus causas originarias, emprender acciones sociales y económicas de fondo que modifiquen el caldo de cultivo de la criminalidad y, en lo inmediato, adoptar líneas declarativas más relajadas, consistentes y armónicas que las expuestas hasta ahora.