La construcción del complejo hotelero Cabo Dorado, al lado del parque nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur (BCS), llevaría al establecimiento de una ciudad de unos 200 mil habitantes en una región prístina, donde actualmente viven 400 personas. En dos décadas se construirían 22 mil 500 cuartos para alojamiento turístico, 10 mil menos de los que Cancún, Quintana Roo, desarrolló en 40 años.

Los promotores de ese proyecto no se refieren a la edificación de esa ciudad en la manifestación de impacto ambiental (MIA). Cada cuarto atraerá 10 nuevos habitantes. Ello implica que la población se multiplicará, advierte Agustín Bravo, director de la oficina del noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Las consecuencias serán mayor demanda de agua –en una zona donde ese recurso es escaso–, incremento en la generación de basura, más viviendas, empleos precarios y crecimiento poblacional, expresa Judith Castro, habitante de Cabo Pulmo, localidad que pertenece a la delegación municipal La Rivera, de 4 mil pobladores.

Castro, quien preside la Asociación de Amigos de Cabo Pulmo, señala que, ante el pequeño número de habitantes en la zona, aquí no se requieren 18 mil empleos. La dinámica de la gente que migre a la zona, donde no hay planificación urbana, acarreará problemas sociales y afectará la calidad de vida. No es dinero lo que buscamos, sino respeto al derecho humano a un ambiente sano, expresa.

Los conflictos que ya se padecen ahí son falta de acceso al agua, la cual se obtiene del acuífero Santiago, que no está sobrexplotado pero no estamos en abundancia, y el manejo de desechos sólidos, sobre lo cual el gobierno apenas está viendo dónde establecer rellenos sanitarios, explica.

A unos kilómetros del arrecife y parque nacional Cabo Pulmo se construiría el complejo hotelero Cabo Dorado. Esta reserva natural posee una de las más elevadas biodiversidades del Pacífico mexicano. Es un hábitat crítico para diversas especies amenazadas o en peligro de extinción, señaló en 2012 el informe conjunto de la misión de asesoramiento de la Convención Internacional Ramsar.

El arrecife es parte del patrimonio mundial natural de islas y áreas protegidas del golfo de California desde 2005 y en 2008 ingresó al listado de humedales de importancia internacional de la convención Ramsar. Esos instrumentos globales le reconocen sus grandes poblaciones de peces, crustáceos y moluscos, y la cobertura coralina más extensa del golfo de California.

Cabo Dorado se planea en el mismo sitio de Cabo Cortés, el cual fue cancelado hace dos años, apunta Castro. Ese proyecto era de 27 mil cuartos y se presentó en 2008. Fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo titular era Juan Elvira, y el gobierno estatal avaló el cambio de uso de suelo forestal. Luego de múltiples recursos jurídicos y protestas de habitantes de Cabo Pulmo, científicos y organizaciones ambientalistas, fue cancelado en junio de 2012. En el caso actual las obras más cuestionadas son la desaladora y la marina, las cuales, por el momento, no aparecen en la MIA.

Pero la marina no queda descartada, porque Cabo Dorado ahora es el titular de la concesión de esta obra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó a Cabo Cortés. Además, la empresa La Rivera Desarrollos es la misma promotora de Cabo Cortés, los Pericués y ahora Cabo Dorado. Es decir, es un proyecto con diferentes nombres, explica Agustín Bravo.

Inquieta que los promotores del nuevo desarrollo afirmen que, pese a que está junto a la costa, no se edificará una marina en una etapa posterior o actividades que dañen el arrecife de Cabo Pulmo. Nos preocupa que no se tomen en cuenta los ecosistemas costeros, como bosques de sargazo, mantos de rodolitos, dunas, praderas de marisma y zonas de arenales submarinos, y que no se evalúe la capacidad de carga del acuífero para poder sustentar otras poblaciones. Estamos interesados en el desarrollo sustentable, pero basado en indicadores y procesos en los que se perciba un compromiso verdadero con mantener el entorno saludable, indica en entrevista Rafael Riosmena Rodríguez, del programa de investigación en botánica marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Como investigador de ecosistemas marinos y costeros he visto que muchos desarrollos no cuentan con estudios de impacto ambiental que sean congruentes con lo que solicita la ley. Destaca que es engañoso decir que no pondrán una desaladora ni una marina, porque en las páginas cuatro y cinco de la MIA dicen que van a desarrollar turismo de playa. Habrá producción de basura, aumentará la densidad de embarcaciones y luego buscarán desarrollar una marina.

El problema es que la generación de basura y residuos líquidos, sumado a otras modificaciones costeras, vayan a causar cambios al arrecife. El tamaño del proyecto es monumental. Agrega que en una revisión de la MIA detectó que la mayoría de las hectáreas para áreas verdes no están cerca del mar, sino del desierto, y son tierras que difícilmente encontrarán comprador. En su primera fase, el proyecto está pegado a la playa.

En la página 35 de la MIA, Cabo Dorado informó que el proyecto constará de 22 mil 503 cuartos distribuidos en 4 mil 380 en condominio, 14 mil 43 habitacionales, 3 mil 980 hoteleros y 100 de servicios. Es promovido por la empresa Rivera Desarrollos, con una inversión de Glorious Earth Group, de Estados Unidos, y Beijing Sansong International Trade Group, de China.

En cuanto al manejo de basura, indica que será un compromiso a ejecutar de manera conjunta con el municipio para dotar de ese servicio, hoy inexistente en la región de Cabo del Este, donde los desechos se queman o entierran, con los consecuentes impactos adversos al ambiente. Por lo que concierne al agua, dice que será tratada y reutilizada, que no habrá descarga de líquidos residuales y que la obtendrá del acuífero Santiago.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat le envió una solicitud de información para que emita su opinión técnica sobre la viabilidad del proyecto el 31 de marzo y tardará 15 días en emitir su posición. Se pidió la postura de la Semarnat, pero no hubo respuesta a la solicitud.