Sin plan previo, con una agenda que se construye noche a noche en asambleas donde los únicos que deciden son los centroamericanos que integran la caravana migrante que este miércoles llegó al Distrito Federal, la larga marcha de los indocumentados empezó en Semana Santa, en la frontera de Tabasco con Guatemala, con la idea de hacer un viacrucis diferente, una acción de desobediencia civil; algo fuerte que llamara la atención sobre la violencia que se arrastra por años, pero que en los dos recientes se ha recrudecido a niveles intolerables, explica fray Tomás González, director del albergue La 72, de Tenosique, quien organiza desde hace cuatro años ese ritual con ingredientes de religión y protesta.

Nunca habían llegado tantos y de tan lejos. Este miércoles fueron 18 los autobuses urbanos que hicieron su aparición triunfal en la glorieta del Ángel de la Independencia, a las 13:30 horas. Más de mil personas descendieron de los vehículos; hombres y mujeres que cruzan el territorio nacional desde remotos poblados de Honduras, El Salvador o Guatemala, sin papeles, sin dinero, empujados sólo por la extrema necesidad de trabajar. Medio centenar son mujeres y muchas traen niños, incluso de brazos. Otros menores viajan solos.

Huyen por deseperación

La capital de México no estaba en el itinerario inicial, cuando empezaron a caminar en Tenosique. Esto denota una enorme desesperación que los está moviendo. Y debería preocuparnos a todos, al gobierno, a la sociedad, advierte a su vez Martha Sánchez, directora del Movimiento Migrante Centroamericano, una de las organizaciones que tejen redes para estas expresiones populares.

–¿Es así? ¿Los mueve la desesperación?

–Sí –dice el sacerdote González–, hay mucho de desesperación porque nunca la violencia había sido tan feroz, tan frecuente. Y nunca la necesidad de huir de la pobreza y la inseguridad, particularmente de Honduras, había sido tan urgente.

Franciscano, fray Tomás González viste el hábito marrón y el cordón a la cintura que simboliza el voto de pobreza de su congregación. Explica que lo que se está viendo es una respuesta colectiva para resistir una violencia contra el pueblo migrante donde todos participan: crimen organizado, policías, agentes de migración, autoridades municipales, estatales y federales, procuradurías, empresarios y operadores del ferrocarril.

Lo que traen en sus mochilas, esta vez, es un logro que ni siquiera esperaban. En su paso por Veracruz, el gobernador Javier Duarte les prometió que, al menos el tiempo que dure su sexenio, las autoridades del estado proporcionarán a los indocumentados centroamericanos transporte seguro desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta la capital poblana.

Desobediencia civil

La naturaleza y la frecuencia de las extorsiones y los ataques a los centroamericanos en tránsito en los ferrocarriles propiedad de Ferrosur SA de CV, concesionado a Grupo México, de la familia Larrea, y de Kansas City Southern de México (KCSM), privatizada y concesionada a una corporación estadunidense por el entonces presidente Ernesto Zedillo, son cada vez peores.

En el Instituto Nacional de Migración (INM) prometen enmendar la situación a cada rato. Pero apenas se descuidan tantito, los agentes vuelven a caer en la extorsión y la protección de delincuentes. Están identificados. Los hemos denunciado penalmente y no pasa nada.

Cita un ejemplo: una mujer hondureña, con visa para ingresar a Estados Unidos, quería pasar a su familia sin documentos. En la garita fronteriza La Ceiba agentes del INM le pidieron mil pesos por cada uno y prometieron arreglarle el mismo trato en cada garita que encontraran en la ruta, hasta Tamaulipas. Ella los denunció. Fue al Ministerio Público. Revisó los álbumes fotográficos, identificó a los involucrados, levantó un acta.

Eso fue hace un año. Acaba de llegar al albergue una notificación de la Procuraduría General de la República para que se presente a ratificar la denuncia. ¡Un año después!

De ahí, subraya, la decisión de la desobediencia civil.

–¿Cómo empezó?

–Los migrantes acordaron subir en masa al tren en Tabasco para llegar hasta Lechería y ahí hacer una denuncia fuerte. Pero los dueños del ferrocarril lo prohibieron. Ya que estábamos arriba, los operadores desengancharon los vagones y se fueron. Entonces se decidieron: vamos a caminar.

–Tienen gran empuje, pero no hay planificación previa.

–Esa es la desesperación. Eso es lo que define la agenda día a día. Así fue como lograron que el gobernador de Veracruz, en una reunión en Amatlán de los Reyes, les ofreciera transporte seguro desde Coatzacoalcos hasta Puebla, al menos mientras dure su sexenio.

Derechos para los que están y para los que vienen atrás

–Después, ¿qué sigue?

–Ellos ya están empoderados, están conscientes de sus derechos. Lo interesante es que están exigiéndolos no para ellos, que sólo vienen de paso, sino para los que pasarán por aquí mañana o pasado mañana.

–No es la primera vez que se exige paso libre. Y lo que se ha obtenido es la posibilidad de obtener una visa de trabajo inalcanzable para ellos. ¿Qué otra propuesta más viable traen ustedes ahora?

–Hay algunos senadores y diputados que quieren reunirse con ellos. Van a pedir leyes que les permitan el libre tránsito y suprimir las visas para ciudadanos de los países de Centroamérica. Demandan algo bien concreto: que se cambie la nueva ley de migración y su reglamento, que es muy duro y fue lo que los vino a rematar.