La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales que presentó el Presidente de la República en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora, por lo que las turnó a los ministros Arturo Zaldívar, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo y Fernando Franco, quienes redactarán los proyectos de dictamen respectivos.

Ayer por la mañana fueron notificadas las partes que Fernando Franco será el ministro instructor de la controversia que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en contra de las autoridades de Michoacán; que Pérez Dayán elaborará el dictamen de la demanda contra Sonora, y Arturo Zaldívar se abocará a realizar el dictamen de la controversia contra Chiapas.

Pardo Rebolledo será el ministro instructor en la controversia contra las autoridades de Oaxaca, la cual se destaca porque según la demanda que presentó la consejería jurídica de la Presidencia de la República el 15 de abril pasado, en esa entidad hubo omisión total del Ejecutivo y los legisladores para cumplir con lo dispuesto en la reforma constitucional en materia educativa que estableció un plazo de un año para que los congresos locales homologaran su legislación con la Carta Magna.

En las otras tres controversias, el Ejecutivo federal cuestiona que los legisladores locales no respetaron la letra y el espíritu de la reforma constitucional al autorizar esquemas particulares para regular el ingreso, evaluación y permanencia de los maestros. Lo anterior, en razón de que el esquema de evaluación en la reforma educativa fue uno de los puntos centrales que provocó la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Las controversias en contra de Michoacán y Chiapas coinciden en impugnar artículos que invadirían facultades federales o modifican contenidos establecidos en las leyes generales en la materia. Por ejemplo, regula alimentos y bebidas (facultad federal) y admite participación sindical en programas de capacitación reservados exclusivamente a las autoridades, además de permitir la readscripción del personal docente en funciones educativas sin el visto bueno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En el caso de Sonora, la demanda cuestiona que la ley local avale la separación del servicio con goce de sueldo; modificaciones de los parámetros de ingreso y promoción, y reconocimiento de sistema de escalafón, cuando la reforma constitucional ordena ascensos por medio de evaluaciones.

Las controversias fueron presentadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República el 15 de abril; un día después, la presidencia de la Suprema Corte la admitió a trámite y ayer fueron registradas con los números 37/2014, 38/2014, 39/2014 y 40/2014 y turnadas a los ministros.