Guanajuato, Gto., 21 de abril.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió 11 recomendaciones al procurador de Justicia del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, pues no brindó suficiente protección a una mujer a quien su esposo asesinó, ni a dos menores violadas por su padrastro.

Consideró que omisiones de los titulares de las agencias del Ministerio Público Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar derivaron en el feminicidio de Laura Patricia Vázquez Aguilar. La víctima había solicitado, sin éxito, en tres ocasiones, protección del estado por ser víctima de violencia intrafamiliar.

Los funcionarios públicos señalados responsables incurrieron en omisiones que impidieron la efectiva garantía y disfrute de los derechos humanos de Laura Patricia Vázquez Aguilar, en relación a la violencia intrafamiliar denunciada en esa instancia, determinó el ombudsman estatal, Gustavo Rodríguez Junquera en el expediente 275/13-A.

La PDHG recomendó al fiscal Zamarripa Aguirre iniciar un procedimiento administrativo contra ocho funcionarios por ejercicio indebido de la función pública, al discriminar a Laurani aplicar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los agentes ministeriales señalados son Luz Adriana Sánchez Rodríguez, Fátima Guadalupe Negrete Gutiérrez, Érika García Lira, Ana Lilia Alberto Razo, Gisela Berenice Campos Bello, Aidee Elizabeth Maldonado Sánchez, Blanca Isabel Gasca Curiel, Ricardo Gutiérrez Mosqueda y José de Jesús Trujillo Morales.

En los exhortos se agregó que el titular de la PGJ debe garantizar la aclaración del feminicidio cometido en septiembre pasado por el ex policía de León Miguel Ángel Castro Rocha, marido de la víctima. Además, recomendó dar atención médica, sicológica y asistencia social a los familiares.

Asimismo recomendó al fiscal destinar recursos para fomentar las medidas de protección establecidas en la ley, crear un reglamento que garantice su aplicación, y capacitar a sus funcionarios para que sepan atender a víctimas de violencia de género.

La PDHG además inició la queja 238/13-A por omisiones y falta de diligencia de funcionarios de la PGJE, que investigaron el caso de dos menores violadas por su padrastro Félix José Márquez en esta capital, caso conocido en septiembre pasado y en el que también está implicado el Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia del gobierno priísta del municipio de Guanajuato.

Se acreditó la violación a los derechos del niño, en la modalidad de insuficiente protección, detalla la instancia.

Por este caso, se recomendó a Carlos Zamarripa sancionar a las agentes del Ministerio Público Claudia Lisbet González Cano, Blanca Raquel Ramírez Tapia; al subdirector de Investigación, Juan Carlos Santa Cruz Oros; al director de Investigación, José de Jesús Huerta Macías, y al subprocurador de Justicia, Miguel Ángel Rangel Zendejas.

A la brevedad se instrumenten cursos de capacitación y actualización sobre derechos humanos y en particular de los derechos del niño, dirigidos a los agentes del Ministerio Público y al personal adscrito a esa dependencia, solicitó el ombudsman Rodríguez Junquera.