Según un informe reciente de la Oficina sobre Drogas y Crimen de la ONU (UNODC), América Latina es la región más violenta del mundo, con un promedio de 25 homicidios por 100 mil habitantes, en comparación con el promedio global de 6.2 en 2012. La creciente criminalidad ligada al narcotráfico y a las maras (bandas juveniles), junto con la amplia disponibilidad de armas y los altos niveles de impunidad, son algunas de las causas de raíz de la violencia.

En ausencia de estrategias coherentes para enfrentar estos problemas (entre ellas un enfoque global más coherente en la guerra contra las drogas, alguna forma de control de armas en Estados Unidos, y reformas a los sistemas policiacos y judiciales en la región), la inseguridad continuará obstruyendo el crecimiento económico y afligiendo a los ciudadanos de la región en el periodo de pronóstico y más allá.

El Estudio global sobre homicidio 2013, cuarto de una serie anual, ofrece un panorama del número de homicidios en el planeta, su distribución por país y región, un perfil de las víctimas, junto con un análisis de los sistemas policiacos y criminales, con sus tasas de enjuiciamiento.

Según el estudio, en 2012 se tuvo un registro mundial de 437 mil homicidios (menos que los 468 mil de 2010). Esto representó un promedio global de 6.2 víctimas por 100 mil habitantes. Sin embargo, se podían observar grandes disparidades entre regiones: el sur de África y Centroamérica tuvieron más de cuatro veces ese número (30 y 26 víctimas por 100 mil habitantes, respectivamente), las más altas del mundo. En el lado opuesto del espectro, Asia oriental, el sur de Europa y Europa occidental tuvieron tasas unas cinco veces más bajas que el promedio global.

Lo anterior significa que la mitad de los homicidios de 2012 ocurrieron en regiones que representan menos de 11 por ciento de la población mundial (750 millones), y los demás se distribuyeron entre 3 mil millones de personas en Europa (5 por ciento del total mundial), Asia (28) y Oceanía (0.3). Honduras siguió siendo el país más violento del mundo, con 90.4 homicidios por 100 mil habitantes, seguida por Venezuela (53.7), Belice (44.7) y El Salvador (41.2). México, Brasil y Colombia tuvieron tasas de 21.5, 25.2 y 30.8, respectivamente. La mayoría de países latinoamericanos tuvieron una tasa superior a 20 homicidios por 10 mil habitantes, que es el umbral a partir del que la UNODC considera que hay una situación problemática. Las excepciones más notables a esta tendencia son Chile (3.1), Cuba (4.2), Argentina (5.5), Barbados (7.4), Uruguay (7.9) y Costa Rica (8.5). Los números de Venezuela parecen particularmente problemáticos, al crecer marcadamente de 47.8 en 2011, entre creciente violencia política y crimen ascendente. Si bien las tasas en Brasil y México parecen contenidas (y en el caso de este último de hecho han tenido un ligero descenso con respecto a 2011), los dos países tuvieron el número más alto de homicidios del mundo (50 mil y 26 mil, respectivamente), junto con India (43 mil 400, o 3.5 por 100 mil habitantes).

Centroamérica y el Caribe, focos rojos

Los países de Centroamérica y el Caribe figuraron una vez más entre los más violentos del planeta, con la excepción parcial de Nicaragua (11.3) y unos cuantos países caribeños. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que cada año se gasta el equivalente a 2 por ciento del PIB de la región en combatir y prevenir el crimen. En la mayoría de los casos, el narcotráfico parece haber impulsado el aumento de la violencia; el flujo de drogas a través de Centroamérica se ha elevado en forma dramática a partir de 2006, cuando una ofensiva militar contra los cárteles de las drogas en México desplazó el tráfico a naciones vecinas, sobre todo Guatemala, El Salvador y Honduras. Dos organizaciones criminales mexicanas –el cártel de Sinaloa y Los Zetas– han trasladado a Centroamérica muchas de sus operaciones de trasiego de drogas hacia Estados Unidos, valiéndose de las maras locales, que ya eran responsables de gran parte del crimen violento en esos países: la violencia relacionada con bandas representó 30 por ciento de los homicidios totales en Norteamérica y América Latina en 2012, en comparación con uno por ciento en Asia, Europa y Oceanía.

Luego de intentar (sin éxito) enfrentar la violencia adoptando políticas de seguridad de línea dura, basadas en despliegues militares o mixtos entre militares y policías, los gobiernos centroamericanos han buscado cada vez más incrementar las medidas de prevención del crimen, y han considerado otros enfoques, entre ellos la despenalización de las drogas, como propuso Guatemala. Belice, El Salvador y Honduras han negociado treguas entre bandas criminales, lo cual parece haber propiciado un descenso en las tasas de homicidios. En El Salvador, por ejemplo, la tasa de homicidios cayó de 69.9 a 41.2. Sin embargo, la persistente corrupción en el sector público, incluidas las instancias procuradoras de justicia y del sistema judicial, así como la debilidad de las instituciones, continúan como obstáculos para lograr mejoras más notables a corto plazo.

Debilidades institucionales

Sistemas inefectivos de justicia penal y malas prácticas de aplicación de la ley producen un débil estado de derecho y altos niveles de impunidad en la región en conjunto y perpetúan la conducta violenta. Mientras en Asia o Europa las fuerzas policiacas tienden a responder con rapidez, identificando y arrestando a uno o más sospechosos entre 80 y 85 por ciento de los casos, respectivamente, eso ocurre sólo en 50 por ciento de los casos en América Latina y Norteamérica: menos del promedio mundial de más de 60 por ciento. En términos de castigo por homicidio, mientras en Europa y Asia 81 y 48 por ciento, respectivamente, de los perpetradores son sentenciados, sólo 24 por ciento lo son en América Latina, muy por debajo del promedio mundial de 48 por ciento.

La alta impunidad en América Latina puede explicarse en parte por el número récord de homicidios, que ha puesto una gran carga en los recursos de la justicia penal. Los homicidios conectados con el crimen organizado o las bandas, que representan la mayoría en la región (dos tercios de ellos cometidos con armas de fuego), a menudo tienen tasas de condena inferiores a los de otros tipos criminales, como los homicidios relacionados con la familia o la pareja.

Si bien el arresto de sospechosos ha ido en ascenso de 2007 a la fecha, la tasa de condenas ha decaído desde entonces en la región, lo cual apunta a la incapacidad de las autoridades encargadas de aplicar la ley, entre instituciones débiles y extendida corrupción. Estas fallas institucionales, aunadas a la falta de una efectiva estrategia global para combatir el narcotráfico y la muy difundida disponibilidad de armas en ambos lados de la frontera con Estados Unidos, continuarán impidiendo un progreso sustancial en contener la violencia a corto plazo.

Economist Intelligence Unit

Traducción: Jorge Anaya

En asociación con Infoestratégica