En el Instituto Nacional de Perinatología (Inper) Isidro Espinosa de los Reyes se inició una obra de ampliación en 2007, la cual fue demolida y reiniciada como parte de un proyecto más grande: un edificio de ocho pisos que es urgente concluir.

Sin embargo, el avance es apenas de 40 por ciento y los trabajos están detenidos desde hace más de un año. Las causas de la suspensión son confusas. Por un lado, existe una resolución del Organo Interno de Control (OIC) que en septiembre de 2013 ordenó anular la licitación pública electrónica nacional LO-012-NDE-N13-2012, con la cual se contrataron todos los servicios de la obra.

Por otra parte está el reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública de 2012, el cual no detectó ninguna anomalía, salvo que el proyecto no está inscrito ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), organismo que, se supone, proveerá los recursos económicos.

La ASF observó que en 2012 y 2013 el Inper no contó con presupuesto para avanzar en los trabajos. El instituto planteó que una vez que concluyera el trámite de registro en cartera del proyecto de inversión, en 2014, tendría el dinero para continuar la edificación. No fue así. La obra sigue parada.

Este es uno de los grandes pendientes con los que se encuentra el nuevo director del Inper, Jorge Arturo Cardona Pérez, quien tomó posesión del cargo el pasado 11 de abril. Sustituye a Javier Mancilla Ramírez, quien concluyó un periodo de cinco años al frente del organismo.

En entrevista, el ex funcionario comentó que hasta el 31 de diciembre de 2012 se habían invertido 23.3 millones de pesos. El costo total estimado de la obra civil es de 213.4 millones de pesos.

Aunque Mancilla rechazó que existiera alguna irregularidad, la determinación del OIC, de septiembre de 2013, es evidencia de lo contrario. Comprobó que las autoridades del Inper, responsables de llevar a cabo la licitación, pasaron por alto lo que dice la ley y aceptaron un producto para protección contra incendios que no cumple con los requisitos de calidad marcados en la normatividad nacional e internacional.

Lo anterior, a pesar de que fueron advertidos de la irregularidad en la junta de aclaraciones. Los funcionarios tuvieron tiempo para corregir el error y no lo hicieron. La denuncia recibida en el OIC planteaba otras presuntas anomalías que el organismo ya no investigó por considerar que existen elementos suficientes para asegurar que no se garantizó la transparencia y legalidad del procedimiento.

Por lo tanto, determinó decretar la nulidad total de la licitación. El problema es que la construcción avanzó. No existe evidencia de que el Inper haya acatado la resolución del OIC de acuerdo con datos obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Más obstáculos

El objetivo de la obra es ampliar en 70 por ciento la capacidad de atención en las áreas de cuidados intermedios e intensivos neonatales. Los espacios actuales son insuficientes para la atención de mujeres con embarazos de alto riesgo que se atienden en el Inper.

El proyecto también contempla ampliar la unidad de medicina materno-fetal, en la cual se realizan cirugías de productos en gestación; así como los servicios de oncología y urología ginecológica, según explicó Mancilla.

El mismo reconoció que desde el inicio de los trabajos, el Inper ha enfrentado diversos obstáculos, desde la oposición de los vecinos que solicitaron la clausura de los trabajos porque, decían, carecían de la licencia de construcción.

El Inper otorga más de 150 mil consultas médicas al año, atiende 5 mil nacimientos de embarazos de alto riesgo y realiza alrededor de 13 mil cirugías.