ras una larga lucha durante 18 años, en la cual se logró que la Ley 701 les reconociera el estatus legal, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC), enfrenta su crisis más grave.

Surgió en 1995 por la delincuencia que sufría, con la complicidad o indiferencia de las autoridades en la región de la Montaña, y se mantuvo cohesionada, soportando un discreto hostigamiento de los sucesivos gobiernos estatales y, a veces, del Ejército.

Pero en 2010 el gobierno federal otorgó concesiones por 50 años a compañías, principalmente canadienses, para explotar la minería en la zona, y la Crac se opuso y anunció un plan de defensa de la tierra. Desde entonces comenzó una estrategia para dividirla. El gobierno de Ángel Aguirre impulsó primero a los hermanos Bruno y Cirilo Plácido Valerio, que eran integrantes de la Crac, hasta que ellos optaron por separarse y crear el Sistema Ciudadano de Justicia.

Después, Eliseo Villar Castillo, amigo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, asumió la coordinación de la casa de Justicia de San Luis Acatlán.

La relación con Aguirre ha perfilado dos grupos distintos: el encabezado por la casa de Justicia de San Luis Acatlán, y el de la casa de El Paraíso; el primero cercano al mandatario, y el segundo a movimientos sociales. A Villar, el gobierno le da un millón de pesos mensuales. Sobre El Paraíso, 12 miembros, entre ellos tres dirigentes, han sido apresados en un año.

Villar pronto se vio envuelto en un fraude de 700 mil pesos a la Crac, por lo que fue destituido, pero, con el apoyo de la casa de Cochoapa, ha desconocido su cese y ahora hay dos grupos más visibles todavía.

Ante las críticas del doble trato, el secretario de Gobierno, Jesús Garnelo, dijo que ya no daría dinero a Villar, pero éste advirtió que iba a bloquear una carretera en protesta, y ya se convino que les seguirán dando dinero. Mientras, el tema de las mineras se mantiene intocado.