Economía
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Sólo un juez suspende la aplicación de reforma fiscal
 
Periódico La Jornada
Viernes 18 de abril de 2014, p. 42

De los 16 juzgados federales especializados en materia administrativa que están habilitados en el Distrito Federal y que resuelven desde hace tres meses cuatro temas claves de la reforma fiscal aprobada este año, sólo uno ha concedido la suspensión del acto reclamado para que no se apliquen los nuevos ordenamientos tributarios, mientras que 15 han rechazado suspender los efectos de la reforma, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Unas 7 mil personas físicas y morales impugnaron las modificaciones al Código Fiscal de la Federación –que entraron en vigor en enero pasado– mediante el juicio de amparo.

Se suspenden los efectos de los actos reclamados hasta revisar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma (fiscal) impugnada, resolvió el juzgado decimoquinto de distrito.

Hasta el momento, ninguno de los 16 juzgados se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguno de esos cuatro aspectos de la reforma fiscal, cuyos temas son: tasas de ISR para personas físicas, limitación de las deducciones para el pago de dicho impuesto, eliminación de la tasa preferencial de 11 por ciento del IVA en la región fronteriza, y supresión del régimen fiscal de pequeños contribuyentes.

En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió a los juzgados de distrito que, una vez que dicten sentencia de primera instancia en los amparos relativos a estos temas, se le envíen directamente los expedientes.

Es decir, pidió que no pasen por los tribunales colegiados.

La Corte argumentó que por economía procesal, en obvio de trámites y para mayor celeridad, los recursos de revisión interpuestos o que se interpongan contra sentencias dictadas en amparo indirecto en los que subsista el problema de constitucionalidad del decreto de referencia, específicamente de los preceptos aludidos, deberán remitirse directamente a esta Corte.

Los cuatro temas también se discuten en dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores que el pleno de la Corte resolvería en mayo.