Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta tener Internet. Me gusta Twitter, me gusta YouTube, pero no me gusta su pinche actitud, cantaban Diego y Bosque acompañados de jaranas (http://tinyurl.com/pej5ffv) la tarde del jueves afuera del Senado, donde internautas y ciudadanos defendieron Internet y la libertad que ahí encuentran.

De acuerdo con activistas entrevistados, la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado es el riesgo más importante que ha enfrentado Internet en México desde que comenzó a utilizarse, a finales de los años 80, pues con ella se le impondrían límites e incluso se criminalizaría su uso.

Ahora, principalmente los jóvenes defienden el espacio digital lo mismo en las calles que con campañas en redes sociales, escribiendo en blogs o con videos y tuits. Parece que la brecha más que digital es generacional.

Internet es muy importante para México, porque es uno de los pocos resquicios que hay para ejercer la libertad de expresión de manera plena, opinó Carlos Brito, uno de los organizadores de la marcha.

Internet ha fomentado una cultura de creatividad, colaboración y de empresas basadas en las personas. Las ideas nuevas las paga muy bien Internet porque es absolutamente democrático. Es único entre todas las herramientas que hay en el mundo, pues incrementa nuestra posibilidad de ejercer derechos, señaló.

La misma Red sirvió para convocar a marchar. A través de las redes sociales cientos de internautas hicieron circular –con hashtags como #NoMásPoderAlPoder, #InternetLibreMX o #InternetSinCensura– información acerca de la propuesta de ley a que se oponen y los problemas que encuentran en ella, como la falta de esquemas para que quienes por razones económicas no tienen acceso a la Red puedan conectarse; la posibilidad de que las autoridades vigilen e intervengan las comunicaciones, y que el gobierno podría bloquear la señal cuando determine que está en peligro la seguridad, entre otros puntos.

Jesús Robles Maloof, integrante de las organizaciones Libre Internet para Todos y Contingente MX, consideró que en la propuesta de ley no se definen obligaciones para las empresas de telecomunicaciones respecto a la privacidad de las personas. En otros países rinden informes periódicos sobre las solicitudes de intervención a cuentas particulares que hace el gobierno. Aquí tendrán que adquirir el hardware y software más reciente para espionaje y deberán colaborar con la autoridad para permitirle vigilar.

La iniciativa señala que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en actos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.

Maloof advierte que en el caso de Internet, esta facultad de bloqueo de las comunicaciones significaría que la gente no podría comunicarse y los medios no podrían informar; quienes defienden la iniciativa no me han podido decir en qué situación sería mejor que las personas no se comuniquen.

Para Daniel Gershenson, director de la asociación civil Al Consumidor, Internet es quizá la única plataforma de libertad, el único contrapeso no institucional, libre, amplio, que puede limitar los excesos del poder. Y cree que podría constituirse en la palanca que nos otorgue a los ciudadanos ese poder que nunca hemos tenido, y que en la actualidad no tiene en calidad de súbditos.

También opinó que la penetración de la Red en todos los rincones del país, como han planteado los colectivos, es una necesidad muy grande. Y esta contrarreforma, dijo, está cerrando la puerta precisamente a aquellos sectores de la población que no disfrutan de esta herramienta imprescindible.

Los colectivos y organizaciones tienen una serie de propuestas para legislar en este sector de las comunicaciones, las cuales están en la iniciativa ciudadana de ley de acceso al libre internet para todos –ya entregada al Congreso– y en el documento Principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones.