La Cámara de Diputados espera la minuta de ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones, la cual contendría modificaciones graves a la reforma constitucional del año pasado, lo que implicaría el retraso de la modernización en ese sector, contribuyendo a fortalecer el monopolio que ejercen Televisa y Televisión Azteca.

Un estudio elaborado por la fracción parlamentaria del PRD en torno a la inconstitucionalidad de la iniciativa de ley reglamentaria enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, refiere que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) sería obligado a recurrir a dependencias del Ejecutivo federal (secretarías de Gobernación, Hacienda y Comunicaciones y Transportes –SCT) para hacer efectivas sus facultades, al depender éstas de la política pública dictada por el gobierno.

Así, señala, se depositaría en la Secretaría de Gobernación el control de contenidos y la posibilidad de censurar, intervenir y bloquear el acceso a Internet.

La iniciativa del Ejecutivo, refiere el análisis del vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, carece de mecanismos efectivos para proteger los derechos de las audiencias y garantizar la pluralidad y el fomento de la producción independiente; no plantea medidas de fomento a los medios sociales, en especial a las radios indígenas y comunitarias que, en condiciones desiguales, tendrían que disputar un espacio en el espectro con los medios comerciales.

Contraviniendo la reforma constitucional en telecomunicaciones, tampoco desmonta el monopolio televisivo y de radiodifusión, pues al definir las medidas para fomentar la competencia, revive la reforma de 2006 (la bautizada como Ley Televisa), instaurando de nuevo el mecanismo para subastar concesiones.

Asimismo, carece de normas para hacer exigible el derecho constitucional de acceso a tecnologías de la información y la comunicación, y, en consecuencia, reducir la brecha digital.

El análisis elaborado en San Lázaro contempla que los cambios aprobados en el Senado impondrían márgenes de actuación al instituto, el cual se limitaría a ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes. Incluso, suponen que los senadores avalarán la propuesta para que el Ejecutivo, por conducto de la SCT, pueda solicitar que los asuntos en que tenga interés sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria.

Entre las 22 atribuciones que la ley reglamentaria otorgaría a esa dependencia se encuentra la facultad de formular recomendaciones al programa anual del Ifetel que, aunque no sean vinculantes, inciden en su autonomía.

El consejo consultivo del instituto, que dejaría de ser el órgano asesor en la observancia de la ley, carece de facultades en la propuesta y sólo se le vislumbra como un ente propositivo, de opinión y consulta permanente.

Un tema que se prevé generará controversia entre los diputados es el de la neutralidad en las redes, pues de aprobarse la ley reglamentaria en sus términos se pondrían en peligro el libre acceso a Internet y la privacidad de los usuarios, pues se bloquearía el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad, entre otros.