un mes de la detención del líder de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, acusado del homicidio de dos integrantes de un grupo rival, el sacerdote José Luis Segura Barragán, adscrito a esa comunidad michoacana, dijo ayer que las autoridades ministeriales revisaron todas las armas de los comunitarios bajo las órdenes de Hipólito Mora y que no hubo una sola que coincidiera con las que usaron en los asesinatos.

La aseveración obliga a recordar la opacidad y las irregularidades cometidas en el proceso contra Mora, quien fue detenido y consignado sin que hasta el momento se haya hecho público algún elemento acusatorio contundente en su contra. Hasta ahora, como ha recordado su defensa, la causa penal contra Mora Chávez se basa en los dichos de las personas que lo inculpan, entre quienes se encuentra Luis Antonio Torres González, El Americano, denunciado a su vez por sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

Las irregularidades en el caso de Mora se suman a las acusaciones contra la Procuraduría General de Justicia de Michoacán por la tortura del líder del grupo de autodefensas de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, acusado del asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay. Debe recordarse que el pasado lunes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán acreditó las violaciones a las garantías individuales del dirigente, pese a lo cual éste permanece en prisión, junto con otros 18 guardias civiles detenidos.

Los hechos son preocupantes porque dan cuenta de un poder público que ha optado por hacer frente a la proliferación de las autodefensas en Michoacán de la peor manera posible y porque agravan la responsabilidad del Estado en el surgimiento de esas organizaciones. En efecto, aunque la operación de las autodefensas es, en sentido estricto, una vulneración del estado de derecho, debe recordarse que el surgimiento de grupos como el que encabeza Hipólito Mora estuvo precedido por la tolerancia, la pasividad e incluso la connivencia de las autoridades de los distintos niveles de gobierno con las organizaciones delictivas que operan en la referida entidad, lo que dejó a la sociedad desamparada. Luego de años de padecer el abandono de las fuerzas públicas, los ciudadanos de esas localidades reaccionaron en la única forma posible y decidieron armarse.

Ahora, ante el evidente clima de descontrol que se instaló en la entidad por la incompetencia de las autoridades, éstas han reaccionado mediante el golpeteo y la persecución ilegal de algunas de esas organizaciones, lo que, por contraste, pareciera favorecer a otros grupos civiles armados, como el que encabeza El Americano. Sería particularmente preocupante y grave que esto último formara parte de los planes gubernamentales para debilitar a los grupos que se levantaron en armas a principios del año pasado.

Por desgracia, ninguna de esas acciones garantiza un restablecimiento pleno del estado de derecho en la entidad, sino todo lo contrario: al minar la incipiente confianza que las autodefensas depositaron en el Estado, éste abre un margen para la proliferación descontrolada e indeseable de ese tipo de organizaciones y sienta las bases para un recrudecimiento de la violencia en Michoacán.

La falta de apego a los principios de legalidad, pulcritud y transparencia hace que procesos supuestamente orientados a procurar e impartir justicia terminen por volverse instancias de la ilegalidad. Es urgente que los distintos niveles de gobierno corrijan esos vicios, pues las instancias gubernamentales que no respetan las leyes carecen de autoridad moral para demandar a la ciudadanía que se atenga a ellas.