Los gobiernos nacionales manifiestan una actitud que deja mucho que desear frente a las denuncias de los niños y niñas víctimas de curas pederastas, ya que las autoridades suelen alinearse con las respectivas conferencias episcopales de sus países y sólo acatan lo que éstas deciden ante las acusaciones, sostuvo la vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño, Sara Oviedo. Estas autoridades –incluido el Estado mexicano– nunca toman partido por sus ciudadanos en estos casos y siempre aseguran la impunidad de los religiosos que cometen abusos sexuales.

Oviedo advirtió también que si la Iglesia católica quiere seguir siendo reconocida como líder moral en el mundo debe cambiar y ponerse a la cabeza de las denuncias en contra de los sacerdotes criminales y ponerlos en manos de la justicia.

Dos meses y medio atrás, un informe de este comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que preside la noruega Kristen Sandberg, reclamó duramente al Vaticano no haber tomado medidas contra los religiosos que han abusado de menores, forzar a los clérigos a un código de silencio para encubrir a los pederastas dentro de la institución y protegerlos de la acción penal de las autoridades correspondientes. Ayer el informe fue debatido en un foro en la Cámara de Diputados para analizar su impacto. La diputada perredista Verónica Juárez, organizadora del debate, lo calificó de histórico.

En su turno, el ex sacerdote Alberto Athié explicó uno de los impactos más significativos en México, ya que un grupo de abogados internacionalistas estudia actualmente las implicaciones jurídicas contenidas en el informe de la ONU sobre los cauces que se pueden seguir ante la justicia penal internacional las demandas, que siempre quedaron sin efecto en el país, de víctimas en contra del fallecido fundador de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, e incluso contra el cardenal Norberto Rivera, señalado por encubrimiento.

Se analiza si tenemos elementos jurídicos para fincar ya no sólo responsabilidad institucional en términos genéricos a la Santa Sede, sino a quienes, en la Santa Sede o quienes dependen de la Santa Sede, son responsables de encubrimiento, señaló Athié.

Participaron representantes de organizaciones de víctimas de México, Estados Unidos y República Dominicana, sacerdotes críticos, legisladores, organizaciones no gubernamentales como Católicas por el Derecho a a Decidir y expertos en derecho canónigo.

Sara Oviedo, quien fungió como relatora en el debate que sostuvo el comité con la delegación vaticana previo a la emisión del informe, lamentó que aun bajo la batuta del papa Francisco la Iglesia católica ha tenido una actitud defensiva y omisa ante las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Activista de larga data del Movimiento Mundial en Defensa de los Derechos de la Niñez, esta ecuatoriana, que participó directamente en la redacción del informe del comité, recordó que desde que se abrió el debate entre el CDDN –organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la convención para la protección de los niños– y el Vaticano en 2013, el Estado que representa al papado desplegó una estrategia contradictoria y evasiva. Aunque desde los inicios los representantes del Vaticano aceptaron la existencia de pederastas entre el clero, esa postura fue usada a la postre para evitar profundizar en la discusión y evitar asumir medidas concretas.

Siempre nos respondieron que ya estaban actuando ante el problema, pero nunca nos dieron la información concreta sobre los nombres, el paradero y el efectivo retiro de sacerdotes acusados de sus puestos.

El Informe a la Santa Sede expone que la Congregación de la Doctrina de la Fe, que tiene exclusiva competencia sobre los casos de pederastia denunciados desde 1962 hasta 2001, declinó proporcionar al organismo de la ONU los datos sobre abusos a menores y sus procesos judiciales que le fueron solicitados.

Si no es verdad que el Vaticano elude informar con la verdad, retó Oviedo, que alguien me diga dónde está esta información que le solicitó el comité.

En lugar de abrir los archivos que le fueron solicitados, recordó la defensora, a petición de las instancias religiosas en varios países se levantó un movimiento de recolección de firmas de católicos en defensa por el supuesto ataque contra la Iglesia por parte de este organismo de la ONU. Como oradora principal el foro, denunció que en el Vaticano imperó el interés de mantener su reputación y defender su imagen por encima de los derechos de los niños.

Defendió el informe del Comité por los Derechos de los Niños, lanzado con gran cobertura mediática el 31 de enero, como una posible y excelente hoja de ruta para que la Iglesia católica enfrente esta situación si logra poner, por encima de cualquier otro interés, el interés del niño.