Después de tres años y ocho meses que duró el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se mantuvo al margen de la situación de la empresa, en respeto a la actuación de la juez, será esa dependencia la que a más tardar el jueves de esta semana designe un síndico que se haga cargo de las diligencias de ocupación de libros, papeles, documentos, medios electrónicos de almacenamiento de información, dinero existente en caja y enajenación de bienes y derechos que integren la masa, para que junto con las aportaciones del fideicomiso creado por los nuevos propietarios del hangar de mantenimiento MRO se liquide a los beneficiarios, hasta donde alcancen los recursos en efectivo.

Por separado, la representación legal de los trabajadores reiteró que apelará de la decisión de la juez decimoprimera de distrito en materia civil, Edith Alarcón, porque es ilegal, ya que una quiebra sólo se puede decretar si al concluir el periodo de conciliación no se hubiera presentado a consideración de la juez un convenio concursal, pero los hubo y los conoció, señaló el abogado Joaquín Ortega Esquivel.

Destacó que la declaratoria de quiebra de Alarcón es ilegal porque no se han resuelto seis controversias que promovieron los sindicatos por actos como la venta de marcas de Mexicana a Nuevo Grupo Aeronáutico; la escisión que dio lugar a la existencia independiente de Mexicana MRO con transmisión de bienes de la empresa en valor cero, y sobre el pago que los trabajadores exigieron por el usufructo de rutas y slots de Mexicana, que durante más de tres años han usado Interjet y Aeroméxico.

Durante la administración panista de Felipe Calderón la SCT se mantuvo al margen en espera de que el juez rector del concurso mercantil emitiera el fallo que estaría sujeto a la aparición de un inversionista.

Todos los supuestos inversionistas –más de 30– que se presentaron pidieron a la SCT que les garantizara la entrega del certificado de operador aéreo indispensable para que una aerolínea pueda volar, pero en todo el tiempo de crisis se repitió una y otra vez la negativa de la dependencia, al señalar que primero deberían demostrar que el potencial inversionista en turno tenía los recursos y luego pasar las pruebas de las capacidades financieras, operativas y judiciales y administrativas para obtener el documento.

La actual administración se mantuvo en el tenor de la anterior, con la diferencia de que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil se inició una negociación con los trabajadores en la que desde el principio les informó que no había condiciones para que Mexicana regresara al mercado como una de las más importantes del país, pero que sí sería posible entrar con otra mucho más pequeña. En sentido contrario al del gobierno, los trabajadores presentaron un plan de negocios en que proponían rescatar ellos mismos su fuente de empleo y pidieron voluntad política, pero su propuesta no prosperó.

Pese a que los trabajadores siempre se manifestaron en contra de que sólo se rescatara la base de mantenimiento y de que los liquidaran, la propuesta impulsada por la juez rectora prosperó, y los tres principales acreedores llegaron a un convenio en el que Banorte aumentó su participación en el MRO al capitalizarlo con mil 34 millones 512 mil 241.22 pesos; Bancomext lo hizo con 300 millones. y el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México con 19 millones 123 mil 882.26 pesos.

Además de nombrar al síndico, como establece la ley, la SCT formará parte del Comité Técnico del Fideicomiso que se hará cargo de la liquidación de los trabajadores junto con los nuevos propietarios y según las reglas también estarán representantes sindicales de pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y de confianza.