axaca está disputando a Chiapas el primer lugar nacional de casos violentos por intolerancia religiosa. Uno de esos casos, acontecido en territorio oaxaqueño, llama la atención por la saña desatada contra los evangélicos. Tuvo lugar en noviembre del año pasado en Ozolotepec, y quienes padecieron las golpizas continúan en el exilio, en Miahuatlán.

En San Juan Ozolotepec las nueve familias protestantes ahí avecindadas comenzaron a vivir su calvario cuando la mayoría católica inició hostigamientos en su contra por no cooperar para las festividades religiosas (todas vinculadas al credo católico romano) del pueblo. A los evangélicos se les cortó el suministro de agua potable y el derecho a recibir beneficios de programas sociales federales.

En abril pasado Leopoldo Silva, pastor de la pequeña comunidad evangélica de Ozolotepec (misión de la iglesia cristiana independiente pentecostés de Miahuatlán de Porfirio Díaz), había denunciado las medidas represivas padecidas por él e integrantes de su congregación a manos de quienes les han negado la libertad de cultos. Entonces Alonso Silva, ante lo que consideró permisividad y solapamiento de las autoridades gubernamentales de Oaxaca, particularmente de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Atención a Asuntos Religiosos, demandó la intervención de la Secretaría de Gobernación federal.

El pastor Alonso Silva denunció el caso en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. También hizo pública su insatisfacción con la “actitud del director de atención de asuntos religiosos de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Zavaleta Rojas, quien ha hecho caso omiso a la queja presentada”. Sus palabras de entonces se cumplieron en todos sus términos siete meses más tarde: Estamos denunciando públicamente lo que sucede, porque pueden llegar a más y queremos que se nos haga justicia, no creemos que por profesar una religión distinta a la católica tengamos que abandonar nuestra comunidad. Sus perseguidores llegaron a más porque antes quedaron impunes.

A principios de noviembre del año pasado el presidente municipal de Ozolotepec, Pedro Cruz González, ordenó la demolición del templo protestante. Además hubo heridos y encarcelados. Los principales afectados fueron los evangélicos que se opusieron a la destrucción de su lugar de reuniones. Los ataques del presidente municipal y sus allegados contra los pentecostales aumentaron conforme se acercaba el tiempo para elegir nuevas autoridades de Ozolotepec. De hecho el grupo afín a Cruz González y él mismo buscaban continuar en el poder, y al no lograrlo en diciembre pasado desconocieron los resultados electorales.

En noviembre la minoría religiosa fue atacada bárbaramente. El testimonio de Alfredo Alonso así lo consigna: “Por obra de Dios estamos vivos, porque nos golpearon con toda saña utilizando hasta varillas y piedras; y amenazaban con quemarnos vivos tan sólo por querer ayudar a nuestros familiares, que son víctimas de un abuso de autoridad por parte de una autoridad municipal intolerante […] el alcalde [ha] envenenado al pueblo, para generar un odio contra todo aquel que no es católico, violentando la ley y la propia Constitución que permite la libertad de creencia de todos los ciudadanos”.

El reportaje de Luis Ignacio Velázquez deja constancia de cómo, a casi cinco meses de haberse exiliado de Ozolotepec, una quinteta de familias evangélicas enfrenta condiciones de vida muy castigantes. Desde el albergue del templo católico donde se encuentra, el pastor Leopoldo Silva rememora que los agresores a las mujeres también las apedrearon y las golpearon, rodearon mi casa y con rifles vigilaban que nadie se acercara, lo grave es que hasta hoy siguen las amenazas y los agresores están impunes, nadie cumple con la ley.

Precisamente en el último señalamiento del pastor está la explicación de lo sucedido en Ozolotepec: funcionarios estatales y federales que no funcionan para hacer que se cumplan las leyes. Así lo único que logran es propiciar la impunidad, la que a su vez es un aliciente para la perpetración de actos que vulneran derechos consagrados en la Constitución del país y en los instrumentos legales internacionales reconocidos por México.

Se conjunta la intolerancia de los violentos y la inacción de las autoridades gubernamentales para mantener en condiciones ominosas de exilio a los evangélicos, cuya integridad peligra si por propia cuenta regresan a Ozolotepec. Lo expresa bien el pastor Leopoldo Alonso: “ahí están nuestras tierras, estamos comiendo una tortilla con chile y sal… Nos dijeron que si volvemos nos van a acabar”.

La barbarie de Ozolotepec es una muy clara violación a los derechos humanos. Las víctimas son indígenas evangélicos que reivindican su derecho a la identidad en el rico y diverso mosaico étnico, cultural y religioso de México.