La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó ayer el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

En la sede del máximo tribunal, el ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, dijo que el propósito de este protocolo (el quinto de su tipo dirigido a juzgadores que conozcan casos de personas en situación de vulnerabilidad), es coadyuvar a modificar una cultura jurídica que tradicionalmente ha desconocido a las personas con discapacidad y les ha negado el ejercicio de derechos por ellas mismas, entre los que se encuentran destacadamente los derechos a participar en la toma de decisiones que les afectan.

Explicó que este instrumento parte del principio de que es indispensable poner en el centro de la discusión pública el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos ante la ley, para generar un debate social argumentativo y propositivo que culmine con el reconocimiento efectivo de la capacidad jurídica de las personas que pertenecen a este grupo de la sociedad largamente menospreciado.

Ante Agustina Palacios, coordinadora del área de discapacidad del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Pablo Yanes Rizo, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), y organizaciones civiles, el presidente de la SCJN detalló que este protocolo se suma a los creados para juzgar con perspectiva de género; para casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas; para asuntos que incluyen a niñas, niños y adolescentes, y el dirigido a personas migrantes o sujetas de protección internacional.

La doctora Agustina Palacios afirmó que este protocolo recupera el concepto de discapacidad como una cuestión de derechos humanos e identifica a quienes la viven como sujetos de derechos y no más como objetos de políticas asistenciales.

Yanes Rizo recordó que la Cepal ha venido sostenido que el problema central de América Latina, y México no es la excepción, sino la desigualdad, por lo que la primera y fundamental obligación de los Estados es alinear la legislación, las políticas, la impartición de justicia, los presupuestos y las acciones públicas para reducir las enormes brechas de desigualdad que caracterizan a la región.