San Cristóbal de las Casas, Chis., 31 de marzo.

Conformada por organizaciones y grupos indígenas, se dio a conocer hoy la Mesa Coordinación por la Defensa de los Derechos Humanos, que denunció las condiciones de desplazamiento y despojo de familias originarias de Banavil (municipio Tenejapa) y Aurora Ermita (municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán).

El nuevo organismo anunció que esto es sólo el inicio, y manifestó preocupación por los presos inocentes, los desaparecidos que no se sabe si están vivos o muertos por levantar la mano para pedir justicia, la tortura que no termina, el despojo de nuestras tierras, la persecución de los representantes, expuso Martín Ramírez López a nombre de la mesa de coordinación.

Son muchísimas las violaciones de los derechos de la población en comunidades, barrios, pueblos, colonias, ciudades. Estamos muy preocupados, añadió Ramírez López, del Movimiento del Bosque por la Defensa del Pueblo, que forma parte de la coordinación a la que pertenecen –además de los desplazados de Banavil, simpatizantes del EZLN, y los de Aurora Ermita–, el Comité Particular Ejecutivo Agrario de Chiapas, el poblado Nueve de Abril (Venustiano Carranza), los ex presos de la Voz del Amate y la Voz de los Llanos, el Frente Popular Ricardo Flores Magón, el Movimiento Indígena en Resistencia, la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo (adherentes a la Sexta) y Resistencia Civil de Santo Tomás (Oxchuc).

En un comunicado leído por Pedro Jiménez, ex preso de la Sexta, se anunció que el próximo 4 de abril, como mesa de coordinación, saldremos a marchar en San Cristóbal de las Casas exigiendo los derechos violados; han pasado los años y el gobierno no tiene repuesta. Allí se apunta que las familias de Banavil fueron agredidas con armas de fuego por los priístas del lugar el 4 de diciembre de 2011; hasta la fecha siguen buscando justicia y permanecen exiladas en esta ciudad. Ahora que finalmente está preso uno de los agresores, Alonso Guzmán López, los priístas amenazan a los desplazados, al grado inventar delitos, pues dicen tener contacto con gentes del gobierno que se venden con dinero para encarcelar a inocentes. Mientras, siguen sin ejecutarse 10 órdenes de aprehensión más contra los agresores.

La mesa de coordinación exigió también el esclarecimiento de los hechos del 16 de junio de 2010 en Aurora Ermita (Pueblo Nuevo), cuando 75 personas fueron desplazadas y desde entonces se refugiaron en Jitotol. Tras el asesinato de Alfonso López Montejo, las familias ya no quisieron regresar ante rumores de que un grupo los esperaba en el camino para matarlos a todos. Lo dicho fue denunciado ante la procuraduría estatal en Pichucalco, por eso hay nueve órdenes de aprehensión contra los agresores; dos están en la cárcel, faltan siete. De éstos, tres trabajan para el presidente municipal Enoc Díaz Hernández, del PRD, contratados como sus pistoleros: Juan Montejo Hernández, Marcelo Montejo Hernández y Fernando Montejo Hernández.

Retorno y seguridad

La mesa de coordinación, que se instalará en los próximos días en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, por la defensa de los derechos humanos, exigió al gobierno el pronto retorno de los desplazados de Banavil y Aurora Ermita; que a su retorno se les garantice seguridad para que no se repitan los hechos, y que se aplique la justicia a las personas con orden de aprehensión por agresiones y crímenes. Demandó esclarecer la desaparición de Alonso López Luna, simpatizante del EZLN de Banavil, y la reparación integral de daños a los dos grupos de desplazados.

Aprovechando el espacio abierto por la mesa de coordinación, presentaron sus respectivos casos un centenar de desplazados en agosto pasado del ejido Puebla (Chenalhó), miembros de Las Abejas, y 50 personas de Socoltenango expulsadas en octubre, pertenecientes al MOCRI-CNPA-EZ, actualmente de plantón en el parque central de Tuxtla Gutiérrez. Somos parte de esta causa, dijeron.