o tendría por qué ser diferente, pues todos leen el mismo manual y beben de la misma fuente, pero no es ocioso puntualizar que en materia de reforma energética el gobierno peñanietista utiliza iguales argumentos y promete idénticas bondades que las ofrecidas durante el circuito Salinas- Zedillo en materia bancaria (privatización, rescate y extranjerización) y en el renglón minero, por sólo citar dos ejemplos.

En el salinato se reprivatizó la banca, porque el gobierno, decían, necesitaba dinero para atender las urgencias sociales; en el zedillato, las mismas instituciones fueron rescatadas con recursos del Estado (los que se supone captó con la reprivatización y miles de millones más, que nunca se destinaron a las urgencias sociales), porque no hay de otra; reprivatizados e inmediatamente rescatados por el erario, procedieron a su extranjerización (que benefició a los accionistas privados, no a las citadas urgencias), bajo el pretexto de que se trataba de una capitalización temporal, más el compromiso de no entregar el sistema de pagos a los extranjeros. Los mexicanos conocen la realidad y padecen lo que todo ello provocó, pero eso sí los promotores de tal situación nunca dejaron de vanagloriarse de que el único rector de dicha actividad es el gobierno.

En el salinato se modificó la Constitución y se aprobó una nueva ley minera, con el fin, decían, de allegar recursos y (¡sorpresa!) destinarlos a las urgencias sociales, subrayando que la riqueza mineral del subsuelo es propiedad de la nación y, por lo mismo, no se privatizaría. Se trataba, según decían, de concesionar a particulares su explotación y no de entregar la riqueza mineral. Los mexicanos y el erario padecen las consecuencias, porque a estas alturas más de una tercera parte del territorio nacional está bajo control de un puñado de barones de la minería –nacionales y extranjeros– que arrasan y, como en las famiglias de El Padrino, se han repartido los territorios y la riqueza mineral, mientras las arcas públicas ni de lejos se benefician. Así, existen el zar del cobre (Germán Larrea), el zar de la plata (Alberto Bailleres), el zar del carbón (Alonso Ancira) y las zarinas del oro (las empresas canadienses), más los siempre serviciales Templarios, Autodefensas y Zetas, para el caso michoacano y coahuilense, concretamente. Eso sí, el gobierno asegura que sólo él es quien manda en el sector y controla la actividad minera, que no se privatizó. Por si fuera poco, a raíz de la reforma energética estos barones también le clavarán los colmillos al petróleo.

Tras la capitalización temporal de las instituciones financieras que inició en 1995 y la nueva ley minera para democratizar el sector en 1993, sólo hay que ver el voluminoso tamaño del poder alcanzado y las utilidades obtenidas por la banca extranjera que opera en México y los barones de la minería, quienes se dan el lujo de imponer –cuando menos en los dos gobiernos panistas– secretarios de Estado (Hacienda y Gobernación, por ejemplo) y procuradores generales de la República. Eso sí, las sesudas autoridades nunca dejaron de presumir que todo y todos, por el bien de México, estaban bajo control del gobierno.

Tocó el turno a la última joya de la venta de garaje, el petróleo (y la mercancía se agotó; a estas alturas los anaqueles están vacíos). Los sectores estratégicos (en términos constitucionales) finalmente fueron borrados del mapa (sólo quedan correos y emisión de billetes, hasta ahora). Pero eso sí, en materia energética, el gobierno de la República repite el galimatías: los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. ¡Qué bueno!, pero ¿y fuera de él a quién pertenecen? Será como la riqueza mineral: mientras se mantenga abajo es de la nación, pero una vez fuera, si te vi ni me acuerdo.

Que no entregarán reservas petroleras, gritan a coro los voceros oficiales y oficiosos; que la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos… mediante terceros y vía contratos; y que los inversionistas privados sí podrán reportar para efectos contables y financieros los contratos petroleros obtenidos y sus beneficios esperados, pero ¡cuidado!, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación. Sólo les faltó sufragio efectivo, no reelección.

¿Qué es lo primero que reportan en bolsa y los mercados financieros, por ejemplo, las empresas de los barones de la minería? No las concesiones en sí, sino el titipuchal de toneladas de mineral (oro, plata, cobre, etcétera) que obtendrán de los territorios gentilmente otorgados por el gobierno federal y el suculento valor estimado. Los bancos también son concesionarios, y ya es tradición que la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y la Condusef, entre otros, y por no citar al inquilino de Los Pinos en turno, estén a su servicio.

Por último, dicen que la subsecretaria de Hidrocarburos, María de Lourdes Melgar Palacios, se fue de largo, que se pasó de sincera con el Financial Times. Para la estrategia gubernamental, sin duda fue así, pero eso no quiere decir que la funcionaria esté mintiendo. No hay que ser adivinos (recuérdense los ejemplos de la banca y la minería) para saber a quiénes corresponderá la rebanada más gruesa del pastel petrolero, por no decir el pastel completo. Y lamentablemente, el saqueo no ha sido temporal, sino permanente.

Las rebanadas del pastel

Parece que en el Banco Nacional de Comercio Exterior les fascina tropezar con la misma piedra. Resulta que por decisión del director general de esa institución gubernamental, Enrique de la Madrid Cordero (conocido interna y cariñosamente como El Principito), Miguel Sergio Siliceo Valdespino fue reincorporado a la nómina y ahora despacha como su director general adjunto financiero, no obstante que en febrero de 2000 –aún en el gobierno de Ernesto Zedillo–, y ocupando entonces el mismo cargo en el propio Bancomext, fue sancionado por el Órgano Interno de Control (dependiente de la otrora Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ahora Secretaría de la Función Pública) por violación a las leyes y a la normatividad presupuestal (expediente CG-SRI-019/99). Catorce años atrás se vio en la penosa necesidad de retirarse del citado banco (sin mayor consecuencia, claro está), pero, como nunca pasa nada, el hijo del ex presidente lo rescató tras su paso por Banobras durante el calderonato. Sin duda vamos mejorando.

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