Nueva York, 27 de marzo.

El presidente Barack Obama declaró que propondrá al Congreso la suspensión de la recaudación masiva de casi todos los registros de llamadas telefónicas de sus ciudadanos, en un giro político provocado por el intenso debate público detonado por las filtraciones del ex contratista de inteligencia Edward Snowden.

He decidido que el mejor camino hacia adelante es que el gobierno no debe recaudar ni mantener estos datos en bruto. En lugar de ello, los datos deben permanecer en las empresas telefónicas por el periodo en que actualmente los mantienen, afirmó.

Su plan, agregó, permitirá ofrecer la información que nuestros profesionales de inteligencia y aplicación de la ley necesitan para mantenernos seguros mientras aborda las legítimas preocupaciones sobre privacidad que se han expresado. Subrayó que esta modificación también mejorará la confianza pública sobre la manera en que la información es recaudada y almacenada.

La propuesta presidencial de reforma del programa de recaudación de los llamados metadatos telefónicos es el primer cambio sustancial (hubo modificaciones parciales ordenadas por Obama en enero) en las operaciones de inteligencia desde que las filtraciones de Snowden sobre los programas de espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) revelaron, entre otras cosas, este programa.

Sin embargo, al mismo tiempo que declaró su intención de reformar el programa actual, el gobierno de Obama informó que renovará la autorización para continuar este mismo programa por otro plazo de 90 días, para dar tiempo al Congreso de actuar sobre su propuesta.

En el Congreso hay por lo menos otros dos proyectos de ley pendientes para reformar el programa de metadatos telefónicos.

Esta semana, ante indicaciones de que el presidente estaba por presentar esta propuesta, varias voces influyentes, desde el poderoso presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, a la junta editorial del New York Times, habían sugerido que si en verdad el presidente deseaba poner fin al programa de recaudación de metadatos telefónicos, no necesitaba esperar una acción legislativa, ya que sólo tendría que desautorizar el programa el viernes, puesto que tiene que ser autorizado por el Ejecutivo cada 90 días. Sin embargo, con su declaración de hoy, el presidente aparentemente optó por no poner fin de inmediato a este controvertido programa.

El plan de Obama, detallado por altos funcionarios a los medios hoy, cambiaría todo y ahora ya no sería la NSA la que recaudaría los metadatos, sino que las empresas telefónicas, con orden judicial de por medio, entregarían números de teléfonos sospechosos junto con los números que se comunicaron con esos teléfonos. El gobierno tendría que conseguir una orden judicial del tribunal secreto sobre vigilancia (FISC) para solicitar a las empresas de telecomunicaciones estas búsquedas de sus registros (los cuales mantienen almacenados por 18 meses), pero sólo para números específicos en que se puedan demostrar suficientes indicios para sospechar que podrían pertenecer a redes terroristas. En casos de emergencia, el gobierno no necesitará esa orden judicial, aunque no quedó claro qué constituye o quién define una emergencia, ni tampoco se detallaron los lapsos en que se puede realizar una búsqueda.

Con el programa que se ha empleado desde finales de 2001, la NSA tenía acceso diario a todos los registros de llamadas telefónicas de las principales empresas de telecomunicación y los podía almacenar durante cinco años.

Lo que no mencionó el presidente fue si el programa de metadatos telefónicos –el cual registra virtualmente toda llamada, incluyendo destinatario, duración, ubicación y más datos del usuario– se dejará de aplicar a escala internacional. Tampoco mencionó cambios en los otros rubros de la vigilancia masiva de comunicaciones de millones de personas de este país y otros, como por ejemplo todo los datos de comunicaciones por Internet y sus servicios de comunicación revelados por Snowden y publicados por varios medios a lo largo de los últimos 10 meses.

Para algunos críticos, la decisión del presidente es de cierta manera una confesión: que la justificación del programa actual por Obama y sus jefes de inteligencia nacional como algo legal, aprobado y bajo supervisión judicial y legislativa no era sostenible a la luz pública. Lo que presentaban como una defensa del programa era en verdad un escándalo, escribió esta semana Jameel Jaffer, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en The Guardian, y agregó que ahora que se proponen cambios, se acepta que lo que los tres poderes del gobierno habían aprobado sí violaba garantías legales de privacidad de los ciudadanos. O sea, justo lo que denunciaba Snowden.

ONG y políticos ejercen presión contra la vigilancia masiva

Con ello, la presión sobre el jefe de la Casa Blanca para modificar este programa en particular se estaba intensificando, con críticos de ambos partidos en el Congreso que impulsaron propuestas y hasta amenazaron con cancelar el programa por completo, así como las denuncias de organizaciones de defensa de libertades civiles.

De hecho, hasta el ex presidente Jimmy Carter se sumó al coro de comentarios esta semana y en entrevista con NBC News admitió que sospecha que las agencias de inteligencia lo espían. Sabes, he sentido que mis propias comunicaciones probablemente son vigiladas, y agregó que cuando desea comunicarse, por ejemplo, con un líder extranjero, escribe una carta a la antigua, con pluma o en máquina de escribir, y la envía por correo.

Aunque todo esto no hubiera sucedido sin Snowden, el gobierno de Obama rehúsa cambiar su postura de que el ex contratista del NSA cometió delitos tipificados en la Ley de Espionaje y mantiene la exigencia de que sea regresado a Estados Unidos para enfrentar cargos. Snowden permanece en Rusia con un asilo temporal, y políticos de ambos partidos lo siguen condenando por la mayor filtración de documentos oficiales secretos en la historia del país.

Esta semana, defensores de Snowden entregaron peticiones con más de 100 mil firmas al Departamento de Justicia, incluidas las de reconocidos ex agentes de inteligencia, en un llamado a restaurar el pasaporte cancelado de Snowden y un compromiso del gobierno estadunidense de no interferir en la búsqueda de asilo político del ex contratista.