Madrid, 27 de marzo.

Decenas de miles de estudiantes se manifestaron este jueves en 50 ciudades españolas para exigir la derogación de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el gobierno del conservador Mariano Rajoy, así como la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Con las marchas multitudinarias culmina la segunda jornada de la huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes, que tuvo respuesta desde las secundarias hasta las universidades públicas de todo el país, en una protesta en la que hubo tensión entre policías y ciudadanos, sobre todo a raíz de los enfrentamientos el pasado sábado en las Marchas por la Dignidad en Madrid, que congregaron a más de un millón de personas. El gobierno del Partido Popular (PP) respondió con una advertencia de que limitará el derecho a manifestarse.

Lejos de responder a las denuncias de los estudiantes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió que el gobierno trabaja en un proyecto para circunscribir el derecho a manifestarse en un lugar específico, puesto que ningún derecho es absoluto.

Es decir, el gobierno pretende limitar las manifestaciones en lugares de interés cultural, entre los que estaría prácticamente todo el centro histórico, donde están las principales sedes del gobierno, incluido el PP. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, mis derechos y libertades empiezan donde acaban los derechos del prójimo, sostuvo el ministro Fernández.

Wert acusó a los estudiantes de protagonizar episodios de vandalismo y, en algunos casos, algo más, en alusión a material inflamable hallado en la Universidad Complutense.

Ante el aumento de la protesta social debido al creciente malestar por los efectos devastadores de la crisis económica y de los recortes aprobados por el gobierno español, los estudiantes volvieron a las calles después de interrumpir sus movilizaciones un mes, mientras realizaban una serie de reflexiones internas y consultas en respectivas asambleas para definir los criterios de sus futuras acciones.

La huelga general estudiantil afectó a los grados de secundaria, bachillerato, universidades y educación politécnica. Se sumaron profesores y trabajadores de la educación pública que integran la Marea Verde, así como colectivos afectados por los recortes, como los obreros de la fábrica de Coca Cola en España, los trabajadores de Telemadrid, la televisión pública madrileña, y los de la catalana TV3.

La huelga consistió en salir a las calles en horas de clase para alzar la voz contra la LOMCE, impulsada y aprobada por el actual gobierno contra el criterio de todos los involucrados en la educación, además de denunciar el desmedido aumento de las tasas universitarias y advertir de las consecuencias a futuro en los recortes al sector.

Las manifestaciones más numerosas fueron en Madrid y Barcelona, en las que decenas de miles de jóvenes gritaron consignas contra el ministro Wert, a quien exigieron su dimisión; y contra el gobierno, al que acusaron de pasividad ante la situación de los jóvenes afectados por una tasa de desempleo de 55 por ciento.

Tohil Delgado, presidente del Sindicato de Estudiantes, denunció que cuando la manifestación se encontraba en la Puerta del Sol un grupo de policías con el rostro cubierto fue a la cabecera de la movilización para agredir a la gente y provocar disturbios para dispersar la marcha. Han venido a reventar la manifestación para obligar a la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) a intervenir, a mí me pegaron un puñetazo.

La tensión ha ido en aumento desde que el pasado sábado hubo graves enfrentamientos en la Marcha de la Dignidad, en la que fueron detenidos más de 60 jóvenes y resultaron heridas 109 personas, policías más de la mitad.

El pasado miércoles, en la vice rectoría de la Universidad Complutense de Madrid, hubo enfrentamientos con policías que terminaron con 53 estudiantes detenidos, lo que provocó que se desplegara un hermético control policial en las dos principales universidades públicas de la capital del país, que amanecieron rodeadas de agentes antidisturbios que cercaron los accesos a esos recintos educativos. Por eso en la movilización de hoy los jóvenes gritaban sin cesar: Más educación, menos represión.

Además de las marchas, centenares de jóvenes permanecen encerrados en universidades públicas de Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y La Coruña, entre otras. Estos encierros, además de servir de plataforma para expresar su hartazgo por el aumento de las tasas en la matrícula, también se aprovechan para realizar debates y sesiones informativas.

En Bilbao y Vitoria también se reportaron enfrentamientos entre policías y estudiantes, por lo que fueron detenidos cuatro jóvenes. Al igual que en el resto de las marchas, los estudiantes vascos denunciaron que el actual sistema educativo los convierte en piezas del sistema capitalista, enseñándoles habilidades para ser mano de obra eficaz, con métodos de selección que determinan la validez de los alumnos en su futuro laboral. Además de que la nueva ley educativa lleva la represión hasta el límite e impone modelos que no apoyan a la euskaldunización, al privilegiar la lengua española frente al catalán, el gallego o el euskera.

Ante la escalada de la represión, el Sindicato de Estudiantes expresó en un comunicado su indignación por esta actitud antidemocrática, propia de un estado de excepción. Los jóvenes tenemos derechos, como todos los ciudadanos, a la manifestación y la libre expresión. Es una vergüenza que el PP trate de intimidarnos con estas acciones policiales que recuerdan a la España de los años 60. Es un verdadero escándalo que los mismos que recortan gastos en educación, salud y servicios sociales nos repriman cada vez que pacíficamente salimos a la calle a reivindicar una educación pública de calidad y un futuro digno.