Especialistas advirtieron que la propuesta de legislación secundaria para telecomunicaciones y radiodifusión, además de mermar de forma preocupante las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), representa un retroceso, porque sepulta la posibilidad de que en México haya televisión pública, ya que el sistema de radiodifusión propuesto estará controlado por la Secretaría de Gobernación.

Irene Levy, presidenta de Observatel, dijo que con la propuesta es definitivo que Teléfonos de México (Telmex) no podrá participar en la licitación de las dos cadenas de televisión, y destacó que una de las mayores aberraciones jurídicas radica en que las multas y la desincorporación de activos que ordene el Ifetel no procederán hasta que se resuelvan los juicios de amparo que pudieran interponerse.

El director de la consultoría Mediatelecom, Jorge Fernando Negrete, advirtió que intencionalmente la iniciativa no incluye la definición de servicio público, en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que será imposible defender los derechos de las audiencias.

Eduardo Ruiz Vega, director de cumplimiento regulatorio de Televisión Azteca, dijo que la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) defenderá que no procedan reglas de multiprogramación que se pretenden imponer y van contra sus intereses, así como las sanciones y multas, ya que se trata igual a los radiodifusores pequeños que a los gigantes de telecomunicaciones, lo cual no es equitativo.

Preocupa al sector en este ánimo de convergencia que las sanciones no son proporcionales porque están ligadas a los ingresos de las empresas y no estamos hablando de lo mismo en el caso de los radiodifusores; en concreto, de la radiodifusión sonora y muy particularmente del caso de muchísimas estaciones que operan en pequeñas ciudades, zonas rurales que todavía están en AM, y no se puede medir de la misma manera a estas empresas que a las de telecomunicaciones que por la prestación de sus servicios reciben una contraprestación por los usuarios.

En tanto, el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) señaló que la iniciativa requiere ajustes porque resulta preocupante la inhibición de la libertad de expresión que sufrirá cualquier radiodifusor, desde las televisoras y radiodifusoras privadas hasta las comunitarias e indígenas, frente a la amenaza de sanciones desproporcionadas por transmitir contenidos incómodos al gobierno. Señaló que hay una gran permisividad para el operador preponderante en telecomunicaciones, con el consecuente menoscabo a la competitividad del mercado, porque podrá continuar cobrando tarifas discriminatorias en función de la red de destino de la llamada.

Durante su participación en un foro convocado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Irene Levy dijo que la iniciativa merma las facultades y autonomía del Ifetel al darle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el derecho de imponer la agenda del regulador; aseguró que la iniciativa es inconstitucional al incluir que la Secretaría de Gobernación se encargue de la regulación de contenidos, cuando la reforma constitucional faculta al Ifetel para ese tema. Y criticó que el Ejecutivo sepulta la posibilidad de que en México haya televisión pública, al desaparecer al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), y crear el Sistema de Radiodifusión que también estará a cargo de Gobernación.

Por Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que sin la definición expresa de servicio público como obligación de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión se violenta la reforma constitucional y no se compromete el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, los derechos de las audiencias y los usuarios, ni las obligaciones de las empresas en cuanto a independencia de los medios públicos cobertura e inversión.