ecenas de personas se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en protesta por el encarcelamiento del líder de las autodefensas de La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora, acusado del homicidio de dos integrantes de un grupo rival. De acuerdo con los manifestantes, las acusaciones contra Mora forman parte de una guerra sicológica del gobierno federal en contra de los grupos de autodefensa michoacanos y están sustentadas en delitos fabricados.

Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del dirigente michoacano, resulta innegable la responsabilidad del gobierno federal por el descontento social que comienza a gestarse por su detención. Debe recordarse que la proliferación de grupos de autodefensa como el que encabeza Mora estuvo precedida por la tolerancia, la pasividad e incluso la connivencia de las autoridades de los distintos niveles con las organizaciones delictivas que operan en la referida entidad, lo que dejó a la sociedad desamparada ante el accionar de esos grupos. Luego de años de padecer el abandono de las fuerzas públicas, los ciudadanos de esas localidades reaccionaron en la única forma posible y decidieron armarse, en una aventura que generó simpatías entre la población, pero que constituye un precedente nefasto para la legalidad.

La omisión original del Estado en su deber de garantizar la seguridad pública se vio agravada por otra: el reconocimiento de facto de los grupos de autodefensa, lo que generó una nueva vulneración del marco jurídico vigente y un precedente que alentó la proliferación de organizaciones armadas irregulares, algunas antagónicas entre sí, en otras regiones del estado. Ahora, ante el evidente clima de descontrol que produjo tal actitud, las autoridades han reaccionado de la peor manera posible: mediante la toma de partido por uno de los bandos, como queda de manifiesto con la detención y encarcelamiento del propio Hipólito Mora sin más elementos que la palabra de sus adversarios.

El caso de Hipólito Mora evidencia el despropósito que significa la pretensión de paliar las omisiones en materia de legalidad con conductas ajenas a la ley. Sin embargo, no es el único: el pasado lunes, la PGR solicitó el arraigo en contra del propietario de Oceanografía, Amado Yáñez, con el argumento de que necesitaba tiempo para recabar pruebas en su contra y sin más fundamento que la típica actitud delictiva del empresario. Sin embargo, las denuncias por la corrupción y el tráfico de influencias en torno de esa compañía son de larga data y el gobierno actual ha tenido tiempo suficiente para realizar las pesquisas correspondientes.

De nueva cuenta, a la actitud omisa que esa dependencia mostró durante meses se suma el empleo de una figura cuestionada en el ámbito nacional e internacional y violatoria de los derechos humanos, que introduce, para colmo, un margen indeseable para el desaseo en las pesquisa en contra de Oceanografía.

La falta de apego a los principios de legalidad, pulcritud y transparencia hace que procesos supuestamente orientados a procurar e impartir justicia terminen por volverse instancias de la ilegalidad. Es urgente que los distintos niveles de gobierno corrijan esos vicios, pues las instancias gubernamentales que no respetan las leyes carecen de autoridad moral para demandar a la ciudadanía que se atenga a ellas.