Buenos Aires, 26 de marzo.

Alrededor de 30 mil maestros se movilizaron esta mañana ante el Ministerio de Educación en la Jornada Nacional de Lucha y Movilización convocada por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de salarios dignos y otros reclamos, en el marco de un paro de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que hoy cumplió 15 días.

Los educadores de CTERA, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) caminaron sobre avenida Callao coreando la consigna la educación exige salarios dignos.

Hoy no hubo acuerdos entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y los dirigentes decidieron continuar el paro, a pesar de que la justicia federal ordenó que continuaran las negociaciones pero que comenzaran las clases del período lectivo de ese año, lo que no ha sucedido.

Esto ha creado una difícil situación a miles de familias especialmente en zonas de mayor pobreza, donde ambos padres trabajan.

El conflicto también se extiende a algunas otras provincias ante la falta de respuesta por el incremento salarial que se solicita, en este caso de 35 por ciento en consonancia con lo que sucedió con otros sectores que ya han logrado cerrar paritarias.

Tanto el Suteba y el Frente Gremial Docente (Fgdb) ratificaron que no se levantará el paro, que desde su comienzo fue declarado por tiempo indeterminado, con severas críticas a la inflexibilidad del Ejecutivo provincial.

Un fallo judicial ordenó abrir el período escolar, luego que el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango dijera que si no se iniciaban las clases este martes quedaban los gremios fuera de la ley. Los dos grupos gremiales señalaron que las entidades integrantes del Fgdb, no recibieron notificación legal del amparo judicial, que según ellos viola el derecho a huelga.

Según los dirigentes el fallo que difundió la Defensoría del Pueblo es inconstitucional, adolece de imparcialidad y de irregularidades.

La medida cautelar de la justicia ordenaba al gobierno de la provincia continuar las negociaciones, no descontar los días de paro y garantizar el dictado de clases. Por su parte, gobierno provincial advirtió que si bien ellos no podían garantizar el inicio de clases se estaría en una serie crisis institucional si (los maestros) no obedecen el fallo judicial y se incurriría en desacato:

Esta medida fue solicitada por el defensor del pueblo bonaerense, Carlos Bonicato, quien impulsó un recurso de amparo.

El fallo alcanza a varios sindicatos de educación y sostiene que el cercenamiento del derecho masivo está en que el paro es total y por tiempo indeterminado, lo que perjudica a muchos (miles de niños).

También el jefe de Gabinete de la nación, Jorge Capitanich. sostuvo que los docentes deben acatar el fallo, sino se incurre en desacato. De la misma manera entiende que el derecho de los niños a tener clases prevalece sobre el de los docentes.

Al salir de la reunión hoy el líder del Suteba, Roberto Baradel, señaló que éste es un conflicto que tiene que tener solución, el reclamo es no perder poder adquisitivo, tener un aumento salarial digno, sin discriminación; y agregó que los docentes están dispuestos al diálogo.

A la vez, rechazó el llamado trasfondo político que se le adjudica al paro y dijo estar consciente “del inconveniente que esto genera (…) el trasfondo político es que un docente gana tres mil 600 pesos de sueldo inicial (alrededor de 500 dólares)”.

Baradel explicó que la propuesta que el Ejecutivo provincial realizó es insuficiente y agregó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires paga los salarios prácticamente más bajos del país, representando el 38 por ciento del sistema educativo nacional.

¿Se va Monsanto?

En tanto, en Córdoba continúa la lucha del pueblo de Malvinas Argentinas en su intento de detener la implantación en el lugar de la fábrica de semillas de maíz transgénico más grande del mundo.

Por ahora han logrado la suspensión de la construcción de la sede de Monsanto, y tienen el apoyo mayoritario de los vecinos y de la mayoría del pueblo de Córdoba. El intendente del lugar, Daniel Arzani podría decidir retirar definitivamente el permiso original a la poderosa transnacional en esta semana. El pueblo pide una solidaridad a nivel nacional y regional para que se vaya la pesadilla de esta presencia, que podría cambiar para siempre el medio ambiente, en una provincia altamente turística y demandan además por los daños a la salud y a la tierra.

Todos conocen lo que hace Monsanto en el mundo, algo tan grave como las consecuencias de una guerra contra nuestros pueblos y territorios, señalan los vecinos del pequeño pueblo de Malvinas en Córdoba.

Hasta ahora han ganado, con una acción constante que no decae en ningún momento. El intendente pertenece a la Unión Cívica Radical, el segundo partido político a nivel nacional, y sabe también que en su decisión va el futuro partidario provincial y hasta nacional