El consorcio constructor de la línea 12 del Metro, formado por las empresas ICA, Carso y Alstom, respondió esta semana al reclamo administrativo que le hizo el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para que presentara un plan de reparación de los daños que provocaron la suspensión del servicio en 11 de sus 20 estaciones.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó por su parte que el 13 de diciembre del año pasado recibió del consorcio una propuesta técnica económica de mantenimiento para la línea 12 del Metro –con un costo de 385 millones 665 mil pesos–, la cual realizaría del primero de enero al 31 de diciembre de este año, y sin dar a conocer el documento aseguró que no tiene sustancia y que lo único nuevo era la obtención de un nuevo contrato.

Sin precisar la fecha, admitió también haberle pedido realizar mantenimiento extraordinario en el tramo elevado, que originó el cierre anticipado de estaciones en las noches de los fines de semana de agosto a noviembre de 2013, pero tampoco corrigió la situación, ya que no proponía nada adicional; de hecho, dejaba fuera de atención el origen del desgaste ondulatorio de la vía.

Además, su propuesta, presentada al término del plazo en que por ley le correspondía hacer el mantenimiento en el primer año de servicio de la línea 12 –que venció el 30 de octubre pasado–, pretendía que no se cumplieran las garantías que deben cubrir las empresas por contrato, por trabajos faltantes como durmientes y fijaciones, entre otras, afirmó.

Asimismo, trascendió que en la respuesta del reclamo administrativo entregada al Proyecto Metro Distrito Federal (PMDF) las empresas del consorcio proponen realizar un recorrido por el tramo elevado, que va de Tláhuac a Culhuacán, donde se presentan los problemas. Sin embargo, no reconocen la existencia de fallas o vicios ocultos.

Aseguraron que entregaron la obra en tiempo y cumplieron con lo que establecía el contrato suscrito con el PMDF; no obstante, en la primera quincena de este marzo la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en acompañamiento al PMDF, presentó el acto de reclamación administrativa al consorcio constructor.

El PMDF tendrá que valorar la respuesta de las empresas, y en caso de no estar de acuerdo podría valorar el cobro de las fianzas –mil 783 millones de pesos por el contrato firmado de la obra y mil 700 millones por vicios ocultos– e interponer una demanda por la vía civil.

El próximo lunes vence el plazo para que las empresas francesas TSO y ETF presenten su opinión técnica sobre las acciones a realizar en la línea para que pueda reanudar operaciones.

Por la noche, la comisión de investigación de la Asamblea Legislativa informó que se pospuso el recorrido por la línea 12 programado para este viernes, y anunció que el lunes, a las 16 horas, comparecerán los representantes delconsorcio y el miércoles, a las 10 de la mañana, los certificadores.