La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para definir que en ningún caso el organismo podrá suspender, parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a otorgar a la burocracia.

La reforma, explicaron diputados en la tribuna, se debe a que en la enmienda de 2007 –para establecer el sistema de cuentas individuales en el ahorro de los trabajadores gubernamentales–, el Congreso aceptó suspender los servicios a empleados de dependencias o entidades cuando éstas incumplan por más de 12 meses con el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos.

Sin embargo, tal disposición fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante los reclamos de trabajadores a quienes aquella reforma les impuso la carga de demostrar que la parte patronal había dejado de pagar las cuotas al Issste.

El dictamen de la Comisión del Trabajo fue ratificado por unanimidad de 386 votos, luego de que se reconoció el daño económico, social y personal a los trabajadores, a quienes se colocaba en un estado de indefensión.

Resultaba evidente que a suspensión de los servicios restringía o menoscababa el derecho de los trabajadores a la protección a la salud, al exigir la posibilidad de negar beneficios inherentes al seguro de salud, como la atención médica y hospitalaria, asistencia obstétrica y suministro de medicamentos, aun cuando hayan cubierto sus cuotas oportunamente.

La comisión informó que recibió una opinión de la Secretaría del Trabajo, en la cual aceptó que la redacción vigente del citado artículo restringe y menoscaba el derecho de los trabajadores a la protección de la salud. La dependencia estimó que el cambio no implica problemática operativa.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), resaltó que el texto vigente castiga a los trabajadores que ya pagaron sus cuotas, y no a los funcionarios responsables de no enterar los pagos al Issste.

Y la sanción a los trabajadores y sus familias es la suspensión de la atención médica, prestaciones y servicios, reprochó.

Afirmó que el Congreso no puede permitir que continúen diluyéndose los derechos sociales, especialmente los laborales y de seguridad social. Los ataques sistemáticos contra estos derechos han provocado que un puñado de empresarios sean dueños de la mayoría de la riqueza nacional mientras se mantiene la pobreza, sostuvo.

Previamente, y como una medida para combatir la obesidad infantil, el pleno aprobó una reforma a la Ley de infraestructura física educativa, para garantizar el suministro de agua potable en las escuelas públicas y privadas, así como la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Educación Pública. Artículos transitorios definen que los bebederos deberán estar instalados a más tardar en los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la reforma. La minuta fue enviada al Senado, para su revisión y eventual aprobación. Afirmaron que trabajarán en favor de los derechos Sociales.