En México, la mitad de los embarazos no son planeados ni deseados, y de éstos, la tercera parte concluye con un aborto inducido, lo que significa que al año ocurren poco más de un millón de interrupciones, en una práctica que se realiza aun en los lugares donde está penalizada, afirma Fátima Juárez, investigadora de El Colegio de México.

El trabajo más reciente de la especialista y colaboradores del Instituto Guttmacher, con datos actualizados sobre el tema, resalta que en las zonas rurales pobres 24 por ciento de las mujeres se provocan el aborto solas y 39 por ciento acuden con curanderas, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y muerte.

Por el contrario, en las zonas urbanas no pobres, 44 por ciento de quienes deciden abortar se atienden con un médico y 37 por ciento del total lo hacen sólo con un fármaco, sin el riesgo de los métodos invasivos y peligrosos. La investigación advierte que para el uso del producto farmacéutico (Misoprostol), disponible en México, también se requiere capacidad económica para adquirirlo y contar con la asesoría especializada sobre su administración y efectos.

Nuevamente, la investigación pone de manifiesto el grave problema de salud pública que representan los embarazos no deseados y una de sus consecuencias inmediatas: los abortos que se practican a pesar de prohibiciones y penalizaciones, como las que existen en 31 estados de la República.

Desde 2007, esta práctica es legal en el Distrito Federal durante las primeras 12 semanas de gestación y cuando la vida de la mujer esté en peligro, así como por malformación del producto, entre otras razones.

El trabajo de Juárez y colaboradores resalta que entre 1990 y 2014 la tasa de abortos creció en más de 50 por ciento, al pasar de 25 por cada mil mujeres de 18 a 44 años, a 38.

El grupo de edad con mayor número de legrados es el de 20 a 24 años (55 por mil), seguido del de adolescentes, de 15 a 19 años, y el de 25 a 29, con 44 por mil).

Los investigadores reconocen los avances en México en salud sexual y reproductiva, los cuales se reflejan en la posibilidad de las mujeres y sus parejas de decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos y, en general, de tener familias más pequeñas.

Sin embargo, prevalecen disparidades por subgrupos de la población, en particular las necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos en las zonas rurales y pobres, así como entre los adolescentes.

Esa desigualdad también se refleja en los métodos utilizados para la interrupción del embarazo. A escala nacional, 23 por ciento de las mujeres que lo hacen son atendidas por un médico, pero el indicador es de 44 por ciento en las zonas urbanas no pobres, 25 por ciento en las rurales no pobres, y 13 y 6 por ciento en las urbanas y rurales pobres, respectivamente.

En estas últimas, 20 y 24 por ciento las mujeres se inducen ellas solas el aborto, lo que representa un elevado riesgo de presentar complicaciones.

Mientras entre las mujeres que viven en zonas urbanas no pobres 26 por ciento presentan alguna complicación, en las que habitan áreas rurales pobres la proporción se eleva a 45. A escala nacional, los problemas por aborto inseguros se presentan en 36 por ciento. De acuerdo con estimaciones de la investigación y con base en datos de 2009, ese año alrededor de 159 mil mujeres recibieron atención hospitalaria en el sector público por complicaciones derivadas de abortos inseguros, es decir, seis por cada mil de 15 a 44 años.