l control, limitación o desaparición de espacios para la expresión de las ideas en medios digitales pretende hacerse legal. Su censura está a la vuelta de la esquina, si no es que ya llegó. En fechas recientes hemos presenciado debates sobre puntos nodales en telecomunicaciones y radiodifusión, en el Congreso está por abordarse el tema de la ley secundaria al respecto y mucha gente se mantiene a la expectativa de si se logrará concretar la tan publicitada reforma democrática en esa materia.

Aunque muchas de las discusiones se han centrado en cómo se pondrá de acuerdo a las grandes corporaciones en este ramo, es también menester denunciar los intentos del gobierno por limitar la libertad de expresión y el libre acceso a los instrumentos digitales. Esto plasmado con claroscuros respecto de las libertades democráticas en medios de comunicación, sobre todo en Internet, en el proyecto de ley que fue redactado desde la oficina del titular del Ejecutivo federal.

En el borrador o última redacción, a la que tuvieron acceso diversos impresos, sobresale en efecto que se faculta al gobierno para bloquear e impedir las señales de comunicación que conforme al articulado de esa ley serán transmitidas en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional. Y en la sección de obligaciones en materia de seguridad y justicia, la propuesta establece un tinglado de artículos que legalizan entre otras cosas la censura para transmitir noticias o cualquier tipo de mensaje que sea contrario a la seguridad del Estado o al orden público. Con lo que implícitamente se niega igualmente la neutralidad en Internet, y se restringe la información que circule por ese medio.

Estas propuestas habilitan que el Estado pueda perseguir a personas o grupos que a su juicio ameriten la limitación e intervención de sus comunicaciones, y sean por tanto objeto de investigaciones policiales. Todo contando con el apoyo de empresas proveedoras de estos servicios, y bajo los mismos pretextos con los que se estableció el mecanismo de geolocalización incluido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esa propuesta de ley violenta entonces de entrada el derecho de las personas a la libertad de expresión, a su intimidad y privacidad, e impide de tajo el derecho que tienen de acceder de manera libre y sin regulación alguna a la información que circule por Internet. Confirma también por un lado las intenciones obsesivas que el Estado tiene para controlar todos los terrenos posibles, y por otro la forma como amplía su plan legislativo para reprimir no sólo en los espacios públicos, sino también en los virtuales.

El caso del sitio de Internet 1dmx.org así lo confirma, y delata las prácticas arbitrarias y autoritarias del gobierno, orquestadas desde las instituciones encargadas de la seguridad del país, en estrecha colusión con empresas proveedoras de servicios en Internet, que directamente responden a los intereses y órdenes del gobierno de Estado Unidos. La semana pasada ello quedó al descubierto, al darse a conocer información relacionada con la censura de este sitio virtual, que había funcionado por poco más de un año como una herramienta de documentación de las graves violaciones de derechos humanos, sobre todo en contextos de protesta social.

Se trata de un sitio de documentación, pero también de un proyecto de vigilancia ciudadana, porque supone que cualquier persona puede ser observadora de derechos humanos. Un proyecto que registra, comparte y denuncia abusos de la autoridad. Es además una muestra de que este tipo de esfuerzos tiene resultados efectivos para romper el cerco informativo y obligar a las autoridades a asumir sus responsabilidades.

Recordemos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal obtuvo mucha información valiosa de esta página web, y que con ello conformó la recomendación 07/2013 sobre lo acontecido el primero de diciembre de 2012. Pues bien, esta página fue suspendida sin justificación alguna. Cuando las personas que la administraban requirieron información a la empresa GoDaddy.com, e investigaron más al respecto, descubrieron que el gobierno mexicano, por medio de la embajada de Estado Unidos, orquestó el cierre de la página, con el argumento de que se encontraba bajo una investigación policial. Es grave que se amenace con iniciar investigaciones policiacas contra personas que documentan violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad, mexicana o estadunidense, ha reconocido contra quiénes o por qué se inició una investigación. Ambos gobiernos tienen sin embargo la obligación de dar una explicación sobre el caso y sobre cuál fue su participación. ¿Por qué un sitio de Internet que recaba información sobre casos de criminalización de la protesta social está bajo investigación del Estado? ¿Será acaso porque los actuales gobiernos temen la organización de la sociedad y el uso por ésta de las herramientas que proporciona el Internet para defender sus derechos?

La configuración de un Estado autoritario pasa por la delimitación o eliminación de todo tipo de espacios de organización y disenso social. Las redes sociales, páginas web, plataformas audiovisuales y cualquier tipo de medio digital que sirva para su organización y denuncia, corre el riesgo de verse limitado o suspendido. Se pretende anular toda posibilidad de seguir ampliando la vigencia de los derechos humanos mediante una herramienta como la Internet. La restitución del sitio en días pasados no elimina la censura.

Hasta ahora nadie ha asumido públicamente su responsabilidad por los impedimentos para acceder al sitio durante tres meses. Mucho menos se ha sancionado a los responsables. Se podría asegurar que el actual gobierno perfecciona y moderniza sus mecanismos de censura con la comparsa de empresas proveedoras de servicios. Y con la intervención de gobiernos como el de Estados Unidos.

Pareciera que en México nos enfrentamos a un Estado que se perfila para violentar ahora de manera sistemática derechos humanos digitales. Ello no obstante, Internet es una herramienta clave para concretar la democracia y los derechos a la libertad de expresión e información. Por tanto, su censura es tan grave como la de cualquier otra forma de comunicación.