a propuesta de campaña de Enrique Peña Nieto por un Seguro de Desempleo temporal no universal culmina en despojo de los fondos de vivienda de los trabajadores: descapitalizará al Infonavit y mermará su derecho a vivienda digna. Además, es altamente demagógico publicitar como universal algo que, de entrada, establece excepciones que niegan cobertura a todos. Y, por el muy limitado –mínimo o básico– alcance de sus prestaciones, se aleja del diseño de un instrumento de seguridad social integral moderno.

Pretextando liberar el potencial de la economía para crecer con las reformas que el país necesita, Peña oferta al mundo global un México salarial barato y ambientalmente desregulado.

Para ello se activó, primero, la reforma laboral (noviembre 2012) que, con nuevos tipos de contratación y subcontratación legal ( outsourcing), afecta severamente las posibilidades de alcanzar seguridad social, especialmente para los jóvenes. Sustituyendo la seguridad social integral por la protección social mínima, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, suscribió con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (junio 2013) un convenio para promover la aplicación de pisos de protección social básica, el primero en América Latina.

Luego se aprobaron cambios constitucionales para imponer una micro-pensión universal y una simulación de seguro de desempleo parchado a la Ley IMSS: sólo para los trabajadores del Apartado A, tomado de la propuesta –nunca definida– de universalidad Levy, publicitada por intelectuales mediáticos e intereses, con el ingenuo argumento de que eran nuevos derechos de amplia vocación social. En verdad, buscaban otorgar una justificación social al incremento del IVA. Un desfigurado intercambio parlamentario, condujo a que el responsable de OIT, Guy Ryder, sugiriera que fuera sometido a debate público.

La simulación de seguro, sólo ampara al sector formal. Peña identifica universalidad con autopago de la prestación mínima de la bolsa de los mismos trabajadores. No amplía el cuadro de derechos humanos en materia de salud y seguridad social integral a cargo del IMSS-Issste. Su universalidad, no dilata derechos universales, ni actualiza el catálogo de titularidades a la altura ciudadana del siglo XX.

Por añadidura, el mito de la universalidad-Peña monta la operación de su nuevo derecho social acotado –sin siquiera evaluarlo– sobre la minada base de un privatizado sistema de cuentas individuales para el retiro, que ha proporcionado todas las pruebas de ser incapaz de garantizar pensiones dignas. Y requisito fundamental de esta universalidad, operada por el IMSS, es la participación de los beneficiarios en los esquemas de promoción, colocación y capacitación para desempleados a cargo de la Secreatría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

En el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, comunicó –el 27 de febrero– que a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre de 2018, es decir ,el último día de la administración Peña Nieto, el Ejecutivo federal se compromete a no proponer al Honorable Congreso de la Unión cambios en la estructura tributaria. En específico, a no proponer nuevos impuestos. El presidente sólo propondría modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales y extraordinarios ante los cuales sea inevitable realizar ajustes al marco tributario.

Sólo siete días después, el 6 de marzo, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron reformas a la Ley del IMSS que establecen como un nuevo seguro del régimen obligatorio, el seguro de desempleo (LXII Legislatura, Nota No. 6072).

El financiamiento proviene de una aportación patronal de 3.0 por ciento que se depositará en la subcuenta mixta de la cuenta individual del trabajador más 0.5 por ciento de aportación del gobierno federal a un Fondo Solidario. No implica una aportación patronal adicional, pues proviene de la reducción de la aportación a la subcuenta de vivienda que pasa de 5.0 a 2.0 por ciento. La subcuenta mixta será administrada por una sociedad de inversión especialmente constituida por el Infonavit o por una Afore, a elección del trabajador. Ella podrá utilizarse para pagar la prestación del seguro de desempleo, para financiar créditos hipotecarios o retiro.

La prestación que otorga el seguro, será para trabajadores permanentes, de hasta seis pagos mensuales sobre el salario base de cotización (SBC) promedio de las últimas 104 semanas cotizadas, el primer mes 60 por ciento, segundo mes, 50 por ciento, y los meses restantes, 40 por ciento. Para los eventuales, será un pago único de dos veces el SBC de las últimas 26 semanas cotizadas, a cargo de la subcuenta mixta. Se otorgará a partir del primero de enero de 2015 y el Ejecutivo lo evaluará en un término de dos años.

Peña ha descontado la urgencia de debatir su propuesta de universalidad porque, después de la reforma laboral de noviembre 2012, el programa sexenal ha optado por sustituir la seguridad social integral por una protección social mínima. Guy Ryder, responsable de la OIT, considera que no hay receta mágica. México tendrá que buscar sus soluciones ( Reforma, 16/11/13).

Es claro que el nuevo PRI-Peña es incapaz de hacer el debido corte de caja a que estaba obligado, después de 12 años de administraciones panistas y que le correspondía como segunda oportunidad de alternancia. La bomba y sus correspondientes rescates le explotará al siguiente gobierno.

Por lo pronto, Peña se lava las manos ofreciendo simulaciones de nuevos derechos sociales mínimos, como el seguro de desempleo NO universal. Y como ya antes sucedió con la lesiva reforma laboral, frente a este despojo, las representaciones obreras corporativas sólo guardan silencio.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco