a creación del Instituto Nacional Electoral constituye un notable avance en el proceso de centralización que tanto daño ha hecho al país. Lo triste es que no resultará más barato que toda la estructura anterior y, en cuanto a su eficiencia, los augurios ya desde ahora dejan mucho que desear. Además de que los principios federales consignados en la Constitución que juran respetar todos los funcionarios públicos, electorales o no, están siendo tratados como trebejos.

Como sea, no es una cosa ni la otra el principal argumento que se ha esgrimido para la creación del INE, sino más bien el hecho de que los institutos electorales estatales han sido manipulados por los gobernadores. A éstos, ahora con mala fe, se les llama virreyes.

Obviamente no se puede poner la mano en el fuego por la pulcritud de todos los procesos electorales de provincia. La autoridad, por doquier, tratará siempre de que las elecciones le favorezcan. El propio IFE, desde nuestra flamante capital, dejó algunas suciedades en el camino, empezando por el manejo de la penúltima elección presidencial en la que se hizo ganar a Felipe Calderón Hinojosa (Fecal) dejando un fuerte olor a caca. ¿Habrá quien pueda poner aquello como modelo de pulcritud, de no ser quienes salieron beneficiados con la gran transa haiga sido como haiga sido?

Por otro lado, ahora resulta que los gobernadores que, no debe olvidarse, son elegidos por el voto de la gente y, en la mayoría de los casos, con más pulcritud que Fecal, cuando quieren ejercer la soberanía consagran las leyes, merecen el calificativo de virreyes. ¿No será al revés? Virreyes que obedezcan a ciegas a todo el Poder Ejecutivo federal es lo que se pretende que sean y, si fuera posible, simples administradores de los recursos e instrucciones que emanan de la obesa, compleja y contradictoria burocracia ­federal.

El argumento de que manejan mal los recursos –lo que es cierto a veces– debería hacer que se mordieran la lengua quienes han tomado decisiones que han salido carísimas y, además, el tiro ha salido por la culata. A veces se considera que los llamados recursos federales, que constituyen la inmensa mayoría, son propiedad de la administración central y no provienen también de las recaudaciones en cada una de las entidades federativas.

Es cierto que el Estado mexicano requiere del control unitario de ciertas cosas, mas no se ve claro que también desde el centro se manejen ahora, por caso, hasta las elecciones de municipios que seguramente no sabrán ni dónde quedan.

Bastante dañan las relaciones internas de cada estado que los propios ayuntamientos tengan que perseguir recursos directamente en la capital y, desde ésta, se repartan como bolos en bautizo, según el buen criterio de gente que puede saber o no lo que se requiere y, con frecuencia, se rige subjetivamente por la sensación que le produce el ayuntamiento solicitante o, lo que es peor, objetivamente por la gratificación que éste le pasa bajo el agua.

Si los gobiernos estatales se descontrolan, puede haber modo de supervisar y sancionar, pero lo que es a todas luces nocivo es que, quienes lo son, no puedan actuar como verdaderos ­gobernadores.

* Historiador. Autor de Historia de Jalisco