a mentira dura hasta que la verdad aparece. Se lee en La Jornada en línea (11/3/13) que “La comisión legislativa encargada de investigar al grupo financiero Monex en relación con el proceso electoral del año 2012 anunció que los gastos no reportados de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, incluyendo las tarjetas Monex, asciende a un total de 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos, cuando el tope de campaña presidencial establecido por el IFE era de 336 millones 111 mil 84 pesos. ‘Por lo que el PRI y Enrique Peña Nieto rebasaron esta cantidad por 4 mil 263 millones 835 mil 750 pesos’”.
Esta cantidad no es muy diferente a la calculada en julio de 2012 por el Movimiento Progresista al solicitar al IFE la invalidez de la elección presidencial. Entre las violaciones graves que se presentaron figuró el rebase de topes de campaña por más de 4 mil 500 millones de pesos (véase La Jornada, 12/7/12). La invalidez de esa elección, con la información presentada, le correspondía finalmente al tribunal electoral, pero no hizo nada y dictaminó que tanto el PRI como su candidato habían ganado la elección.
La ley electoral vigente para la elección de 2012 era y sigue siendo un galimatías al respecto. Fija reglas ambiguas para las precandidaturas y la anulación del registro de un partido y de un precandidato si rebasan el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del IFE. El galimatías del artículo 214.4 del Cofipe está en considerar la pérdida de la candidatura cuando en realidad se trata de precandidaturas (los énfasis son míos), pues las candidaturas sólo existen una vez terminado el periodo de precampañas. Para el periodo de campañas (no precampañas) los candidatos y los partidos que los apoyaban en 2012 sólo serían castigados, si rebasaban el tope de gastos, con sanciones económicas (multas). Esto es lo único que procede si la investigación de la comisión legislativa es tomada en cuenta por las instancias correspondientes, comenzando por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Cofipe no sólo tiene imprecisiones como la señalada, sino muchas más, y quiero pensar que la reforma electoral en penoso curso las tomará en cuenta para redactar una nueva ley que, por lo menos, no contenga contradicciones en su texto.
A toro pasado nada más se puede hacer para sancionar al partido gobernante y al Presidente de la República. Una multa, si así lo estima el tribunal. Pero al margen de nuestra permisiva legislación queda el juicio moral de los ciudadanos sobre la legalidad de los comicios de 2012 y la legitimidad del jefe del Ejecutivo. El triunfo de éste, por cuanto al margen porcentual sobre el segundo lugar electoral, puede ser cuestionado, pero aun contando los votos (como se exigió sin éxito en 2006) sería muy poco probable que se demostrara otro resultado final.
Con los datos aportados por la mencionada comision legislativa sobre el rebase de los topes de campaña queda al descubierto que Peña Nieto puede presumir muchas cosas, menos transparencia y equidad en la elección que lo llevó a Los Pinos. El tribunal electoral no puede presumir nada positivo, pero no hay sanción para sus miembros ni para los consejeros que todavía quedan del IFE y que ahora quieren ser consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral.
Lo que ahora demuestra la comisión legislativa fue ampliamente investigado por periodistas de prestigio. Carmen Aristegui, por ejemplo, demostró que las empresas Inizzio y Efra (las empresas a las que facturó Monex) habían registrado domicilios que no correspondían a la realidad y, por otro lado, Mario di Costanzo, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señaló que la operación Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero
. Nada de esto sirvió en su momento y las autoridades correspondientes se hicieron de oídos sordos. Si hubo o no lavado de dinero, que es todavía más grave que rebasar el tope de campañas, será asunto de la Procuraduría General de la República y probablemente de la Secretaría de Hacienda. Pero como ambas instancias son del gobierno, no pasará nada. Todo caerá en un saco roto, y sobre él una tonelada de cemento que fraguará para que futuros arqueólogos descubran lo ocurrido en 2012.
Aceptemos, aunque sea como ejercicio mental, que Peña Nieto ganó la elección; sin embargo, no podemos acreditar que la ganó sin manchas y sin dinero de dudosa procedencia. Como dije en mi libro Poder y elecciones en México (2012), “si los resultados de las investigaciones de irregularidades, incluyendo el rebase de los topes de campañas y el lavado de dinero en el transcurso de éstas, se dan después de la calificación de la elección presidencial, ¿de qué sirve? ¿Multas que se cobrarán dos o tres años después, como ya ocurrió con lo de Pemexgate y los Amigos de Fox? Así será…” ¿Será?
