atopriísmo 2014: que todo sea escándalo para que nada sea escándalo. Tolvaneras y remolinos mediáticos a causa de las pillerías adjudicables a los otros, mientras las propias son amablemente diluidas y relegadas. Gritería inducida en los casos Oceanografía, Línea 12 y Michoacán (con las Autodefensas Revolucionarias Institucionales en chirriante proceso de reajuste y con el Chayo vuelto a matar –no el periodístico–, entre otras caras del poliedro descuadrado), mientras escurre el bulto del histórico muerto viviente de los marcados excesos del PRI y su entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, para hacerse de Los Pinos mediante un gasto brutalmente desproporcionado, más propio de una compra desesperada que de una batalla electoral.

¡Al ladrón, al ladrón!, es la consigna oficial. Del Pacto por México al Pacto con el Ministerio Público. El gobierno federal, y sus aliados, demostrando que este año su preferencia se decanta por lo judicial, con el aprovechamiento de expedientes oscuros para doblegar, convencer o castigar (retorcimientos politiqueros en los que lo justiciero es lo de menos). Por lo pronto, Felipe Calderón Hinojosa y Marcelo Ebrard Casaubon han sido colocados bajo el amago de encaminarlos a un banquillo de acusados (¡al fin juntos abiertamente, luego de un sexenio de amoríos políticos disfrazados, a cuyo final significativamente habían aceptado caminar uno al lado del otro durante inauguraciones de Metro que pasaron de lo dorado a lo quemado!). Amago que podría no tener mayores consecuencias penales, pero sí ayudaría a que casi nadie repare en la monstruosidad del despilfarro fatigosamente comprobado, a pesar de marrullerías y obstáculos varios, por la comisión de diputados encargada de investigar el gasto de campaña del Revolucionario Institucional en 2012.

Si Peña Nieto hubiera respetado los ordenamientos legales del caso, debería haber usado en sus faenas electorales apenas un poco más de 336 millones de pesos, pero, según lo que hasta ahora se ha podido documentar (lo cual no significa que sea el total, sino solamente lo probado a estas alturas) en realidad invirtió casi 4 mil 600 millones de pesos. Es decir, el ex gobernador del estado de México no reportó en su contabilidad oficial de campaña los gastos por más de 4 mil 263 millones de pesos. Dicho de otra manera, EPN se valió de una ventaja ilegal de casi trece veces más de recursos económicos para darse como ganador de la contienda presidencial. Del haiga sido como haiga sido de Felipe Calderón al se haiga gastado lo que se haiga gastado de Peña Nieto. En 2006, la Presidencia de la República fue asignada al oceanográfico Felipe Calderón mediante manipulaciones que dieron una ínfima diferencia estadística oficial; en 2012 no hubo un fraude electoral clásico, sino una compra fraudulenta mediante ríos de dinero manejados mediante tarjetas como Mónex y Soriana, por citar dos ejemplos plásticos.

A esos propósitos de distracción escandalosa acomoda con especial textura el expediente de Oceanografía, que ha dirigido sus puntas filosas no hacia el neopriísta Vicente Fox y su parentela, al igual que él tan dada al tráfico de influencias y a la conversión de la riqueza pública en privada (con Martita y los Bribiesca Sahagún como estrellas de la marquesina), sino hacia el autoexiliado Felipe Calderón y su grupo, con dedicatoria envenenada contra el difunto Juan Camilo Mouriño, tan íntimamente ligado al michoacano que, a la muerte del entonces secretario de Gobernación, le organizó un funeral de Estado bananeramente desproporcionado.

Mouriño, y sus familiares aun vivísimos, tomaron como coto el estado de Campeche y ciertas áreas del gran negocio petrolero. La detención reciente de un subordinado de esa familia, Mario Ávila Lizárraga (MAL), es solamente un aviso de la disposición del peñismo a ahondar en el expediente de los Mouriño si Calderón trata de oponerse a ciertos planes de Los Pinos, como la compra de un segundo periodo de Gustavo Madero al mando del domesticado PAN. Ávila Lizárraga fue el candidato de la familia Mouriño para administrar la hacienda denominada Campeche, y el gobierno calderonista puso cuanto pudo a favor de ese proyecto (el director de la Lotería Nacional fue denunciado por el Diario de Yucatán por pretender la negociación de publicidad para la campaña de MAL en Campeche, con cargo a las cuentas públicas federales). Luego que fue derrotado, Ávila Camacho fue enviado a otra misión familiar, como funcionario de Pemex, listo para impulsar más negocios de la pandilla blanquiazul.

En el caso michoacano se está frente a un esfuerzo federal por dividir, confundir y debilitar a las fuerzas de autodefensa que fueron utilizadas claramente por Gobernación y el comisionado Castillo para ir tomando poblaciones de las que eran expulsados los anteriores jefes, los templarios, para ir instalando mandos emergentes (con el cártel Jalisco nueva generación como nueva fuerza dominante, organización con sello propio asociada a los capos históricos del Pacífico). Los principales líderes (antes, Juan Manuel Mireles, como ahora Hipólito Mora) han ido cayendo en trampas que les han restado fuerza y credibilidad (el médico, con aquel raro accidente de aviación, luego del cual fue protegido militarmente, y el limonero ahora encarcelado bajo acusación de participar en dos homicidios). El gobierno federal necesita impedir que las autodefensas se le vuelvan un Frankenstein, y por ello tratan de retomar control, aunque la volatilidad regional podría dificultar extremadamente la reconducción de ese arriesgado experimento.

Y, mientras Gustavo Madero muestra en su planilla los arreglos con gobernadores panistas y el rescate de personajes como Santiago Creel y Marco Antonio Adame, ¡hasta mañana, con el amargo espectáculo de ex funcionarios (Ebrard) y empresas constructoras deslindándose del fracaso de la Línea 12 del Metro mediante argumentos que invocan calidades de primera y avales extranjeros, a pesar de la evidencia del desastre y el daño diario a centenares de miles de capitalinos!

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