a división minera de Grupo México produce anualmente en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, casi un millón 586 mil onzas de plata, 939 toneladas de cobre y 62 toneladas de zinc, según publica en su sitio de Internet.

De acuerdo con su reporte financiero del cuarto trimestre de 2013, la reforma fiscal no tendrá mayor impacto en sus finanzas y, señala en el documento, el impuesto de 0.5 por ciento sobre ingresos de metales preciosos no es significativo.

Con ventas que en 2013 ascendieron a 7 mil 276 millones 654 mil dólares, para Grupo México no representa mayor impacto una aportación de 0.5 por ciento, vía impuestos, para el beneficio de las comunidades donde tiene sus explotaciones.

En cambio, invertir en la seguridad de sus trabajadores con el mantenimiento adecuado de sus instalaciones parece ser un costo que evita si puede, incluso con la complicidad gubernamental.

Para los familiares y compañeros de Teódulo Rivera, Benito Arriaga, Blas Guzmán, Isidro Ramírez y Juan García, los cinco mineros que murieron el pasado 12 de febrero por la caída de una calesa en la mina de Charcas, no hay duda sobre la evasión de ese costo.

Sus testimonios hablan de la insistencia de los trabajadores, incluidas las víctimas, en el riesgo que representaba la calesa, la cual tenía unos cables que se iban a reventar. Pero nunca se repararon, a pesar de cuatro inspecciones que realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El accidente era cuestión de tiempo y, una vez ocurrido, la empresa dosificó el acceso a la autoridad para las investigaciones, la autoridad dosificó sus actuaciones para deslindar responsabilidades y, un mes después de la tragedia, los familiares ven más que dosificado su anhelo de justicia.

La delegación de la STPS informó que ha hecho más de 400 observaciones a la minera, como si ésta desconociera los riesgos que quienes los enfrentan le han hecho ver de manera constante. Tal tolerancia no puede incubar más que nuevos accidentes.