l nuevo anuncio oficial de la muerte de Nazario Moreno González, El Chayo, presunto dirigente máximo de la organización delictiva Los caballeros templarios –ocurrida el domingo pasado, según las autoridades, en un enfrentamiento con elementos de la Marina en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán–, obliga a repasar la cadena de mentiras, opacidades e irregularidades en las acciones del gobierno federal durante el sexenio anterior y el presente en la lucha contra la delincuencia organizada.

Resulta tan inexplicable como exasperante, por principio de cuentas, que la administración que encabezó Felipe Calderón haya engañado a la sociedad –por medio del entonces vocero de Seguridad Nacional Alejandro Poiré, quien el 10 de diciembre de 2010 aseguró que, en el marco de un “operativo mixto” de los cuerpos oficiales de seguridad, “el día de ayer cayó abatido El Chayo, príncipal líder de La familia michoacana”. El domingo pasado Poiré divulgó un confuso comunicado en el que parece afirmar que, como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no tuvo acceso a información reservada, por lo que los elementos al alcance de la Secretaría Técnica en diciembre de 2010 no fueron lo suficientemente precisos. Lo cierto es que, o bien la enorme inversión de recursos públicos realizada por la administración calderonista en materia de seguridad e inteligencia no sirvió para determinar si El Chayo estaba vivo o muerto, y el gobierno incurrió en un autoengaño, o bien, ante la incapacidad de las autoridades para golpear en forma significativa a los grupos criminales, se trató de darles, cuando menos, un golpe mediático.

Lo dicho ayer por el actual comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, no contribuye a restablecer la lesionada confianza social en las instancias institucionales: “Yo pensaría que pudo haber sido una coartada –afirmó el funcionario– en cuanto a que posiblemente haya quedado herido, se haya dado primero esa información y los audios hayan dejado ver que esta persona había fallecido y, posteriormente, pues el mayor beneficiario de estar en el anonimato era él y siguió jugando con este juego...”

Lo que deja entrever esta declaración es que el error o la mentira gubernamental acabó por servir a los propósitos de la delincuencia organizada durante los tres años y tres meses en los que el capo gozó de impunidad y de un ancho margen de maniobra gracias a que el gobierno federal lo había dado por muerto. Del periodo referido, dos años corresponden al gobierno calderonista y un año tres meses a la administración actual. Pero ni uno ni otra fueron capaces, en ese tiempo, de reconocer abierta y francamente que el supuesto muerto estaba, en realidad, vivo.

El de Moreno González no es el único caso. En abril del año pasado la Comisión Nacional de Seguridad anunció la muerte de cinco presuntos delincuentes entre los que se encontraba Francisco Galeana Núñez, El Pantera, identificado por la información que de él se disponía en la Plataforma México, la base de datos de la delincuencia creada por Calderón. La versión afirmaba que El Pantera había muerto en un intercambio de disparos con fuerzas federales en Charapando, municipio de Gabriel Zamora. No obstante, el pasado 27 de febrero las autoridades volvieron a matar a Galeana Núñez, esta vez en Arteaga, según información proporcionada por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García.

El desaseo y el descontrol resultan, pues, manifiestos, y alimentan el generalizado –y justificado– escepticismo social que recibe cada nuevo anuncio oficial de triunfos reales o imaginarios sobre la delincuencia organizada, como ocurrió el mes pasado tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Es claro que en el origen de los errores, las mentiras, los muertos sin cadáver y los cuerpos con nombre falso hay omisiones y responsabilidades administrativas o penales que deben ser investigadas, expuestas y sancionadas. De otra manera, las autoridades no lograrán construir la credibilidad que requieren para enfrentar con éxito la violencia y la criminalidad.