La fiscalización del gasto público en el último año de gobierno de Felipe Calderón (2012), elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela la casi general falta de evaluación de los resultados del presupuesto total destinado a estados y municipios, que alcanzó 850 mil 222 millones de pesos, casi 21.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año.

Un estudio especial del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 refiere que esos recursos, por ley, deben financiar acciones fundamentales, como educación básica; servicios de salud para la población no incorporada a los sistemas de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para población en pobreza extrema; seguridad pública; infraestructura educativa; saneamiento financiero, y asistencia social.

En conclusión, puede señalarse que una seria debilidad en la gestión del Gasto Federalizado es la casi general falta de evaluación sobre sus resultados, no sólo a escala local, sino también nacional. Este hecho impide disponer de información fundamental para la toma de decisiones, en relación con las políticas, fondos y programas financiados con esos recursos.

Pese a los nuevos esquemas de revisión implementados, como el Sistema de Formato Único para que los gobiernos locales cumplan con la disposición de informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, así como sus indicadores de desempeño, prácticamente no se realizan por las entidades federativas y municipios evaluaciones a los fondos y programas del Gasto Federalizado; además, en los muy pocos casos en que se han elaborado, su alcance es limitado, por lo que no constituyen un instrumento para apoyar mejoras en la gestión. Generalmente se efectúan para atender requerimientos normativos y de los órganos de control y auditoría.

La relevancia financiera y estratégica de esos recursos no fue objeto de un proceso de evaluación acorde con dicha importancia; la experiencia de la ASF respecto de la fiscalización del Gasto Federalizado, así como los resultados de su estudio, manifiestan un muy reducido avance de la evaluación sobre dichos recursos. Puede señalarse incluso que es prácticamente generalizada la falta de las evaluaciones previstas por la ley.

El documento sostiene que esto representa una seria limitante para apoyar el mejoramiento de los fondos y programas financiados con esas transferencias federales, así como de las políticas y estrategias que orientan su desarrollo, ya que por la falta de evaluaciones se dificulta la identificación de las áreas de mejora y la formulación de las estrategias adecuadas para su atención.

Un factor estructural lo constituyen las insuficiencias del proceso de rendición de cuentas, lo que no impulsa gestiones transparentes y eficientes de esos recursos, para que se logren mejores resultados en beneficio de la sociedad. Esto es fundamental en el reducido avance de la evaluación, si se considera que esta materia es un instrumento importante para que se haga efectivo dicho proceso.

“Adicionalmente, la distribución de los recursos entre las entidades federativas y municipios obedece principalmente a criterios de carácter inercial y en general no incentivan los logros positivos, lo que limita también el desarrollo de la evaluación, como herramienta para identificar áreas de mejora en la gestión de los fondos y programas y acrecentar su eficiencia.

En ese contexto, es muy reducido el avance de una cultura de la evaluación como práctica institucional en el manejo y operación de los fondos y programas financiados con el Gasto Federalizado.

Así, la conclusión del órgano fiscalizador que documentó un mar de opacidad en el calderonismo, puntualiza que el proceso de transferencia de funciones y recursos de la Federación a las entidades federativas y municipios no se vio acompañada por una estrategia de apoyo al fortalecimiento de sus capacidades institucionales, que tuviera el mismo alcance y proporción de las responsabilidades transferidas. En tal sentido, persisten debilidades en dichas capacidades, con un carácter acentuado en materia de evaluación, principalmente en el caso de los municipios.