Independientemente de que las autoridades ministeriales lleven a cabo la estimación precisa del monto que la empresa Oceanografía defraudó a instituciones privadas y públicas en México y el extranjero, el gobierno federal trabaja en la instrumentación de un esquema financiero que permita que la compañía naviera se venda a nuevos inversionistas.

Éstos deberán mantener la plantilla laboral, aceptar la renegociación de deudas y otorgar plazos para el pago de los empréstitos. Como atractivo, se les ofrecerían contratos garantizados con Petróleos Mexicanos (Pemex) en plazos que irían de 20 a 25 años, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

De acuerdo con las fuentes consultadas, representantes del gobierno federal han escuchado posicionamientos de Banamex y Citigroup para que Oceanografía no se desmantele y sus activos no se rematen, porque han considerado que la empresa no tendría valores que garantizaran reparaciones económicas y además de la pérdida de miles de empleos, se afectaría a Pemex.

La flota de Oceanografía está integrada por más de 60 naves que prestan diversos servicios a la paraestatal; cuenta con una plantilla de 4 mil 459 trabajadores y, según datos de la empresa, genera más de 26 mil empleos indirectos.

Durante varias décadas la compañía ha prestado servicios de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación de pozos en los que se requieren embarcaciones, ya que posee 27 por ciento de la flota que emplea Pemex.

De igual manera, ha dado servicios de mantenimiento a instalaciones denominadas costa afuera y de apoyo a la perforación de pozos en las instalaciones del Golfo de México.

Las fuentes consultadas señalaron que en el esquema financiero que aún está en análisis contemplaría la firma de un contrato marco –similar al que tenía Oceanografía con Banamex–, a fin de que los recursos que se obtengan por servicios prestados ingresen a una sola cuenta y de allí se canalicen los pagos a los proveedores e instituciones crediticias afectadas.

En este plan, para evitar que ocurran nuevos casos de fraude se crearía un grupo de seguimiento y fiscalización financiera desde la institución crediticia, que contaría con apoyo de Pemex para conocer también de manera directa los contratos o niveles de servicio prestados y las cantidades reales de combustible que se transportan, para tener a detalle los montos a pagar por la paraestatal.

Funcionarios de Oceanografía falsificaron más de 160 documentos de la paraestatal para obtener financiamiento de Banamex y con ello alteraron los niveles de operación y ganancias de la empresa.

De acuerdo con la denuncia presentada por Banamex, con la cual la Procuraduría General de la República intervino la compañía, Oceanografía obtuvo préstamos por un total de 585 millones de dólares y solamente contaba con recursos que garantizarían 185 millones pendientes de pagar por parte de Pemex.