De la mano de autoridades educativas federales, estatales y de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entraron a la escuela pública no sólo la empresa prestamista Crédito Maestro, propiedad de Oliver Fernández Mena –quien también es accionista de Oceanografía, intervenida por incurrir en fraude contra una institución bancaria–, sino muchas de las llamadas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), señalaron maestros disidentes.

El fin, afirmaron, fue generar el mayor endeudamiento posible del magisterio, que fue víctima cautiva, pues con la anuencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se le otorgó el privilegio de ofrecer créditos muy por encima del promedio de ingreso de los docentes, a quienes se les llegó a descontar, mediante nómina, la casi totalidad de sus ingresos quincenales.

Maestros de Michoacán, estado de México y Distrito Federal señalaron que a Fernández Mena se le identificaba en los círculos magisteriales y políticos como el financiero de Elba, por su cercanía con ese grupo, pues señalaron que “sólo quienes eran palomeados por la cúpula charra se les abrían las puertas de los centros escolares”.

Destacaron que este tipo de créditos florecieron desde 2006 y 2007, cuando todo lo controlaba el SNTE elbista.

De pronto llegaron a las escuelas créditos para adquirir autos, computadoras y electrodomésticos, con el gancho de los descuentos quincenales y la promesa de que ni se siente, pero en los hechos hubo compañeros que se quedaron sin nada.

Enrique Enríquez, secretario general del magisterio disidente de la sección 9 del Distrito Federal, y ex presidente de la Sociedad Mutualista del Magisterio (SMM), señaló que a los directores de los planteles comenzaron a llegar desde 2006 oficios de la autoridad educativa para dejar entrar a empresas como Crédito Maestro, Financiera Fortaleza, Consupago y otras, cuya finalidad era ofrecer contratos de préstamo a los maestros.

Tuvimos casos, dijo, de compañeros a quienes después de que la SEP les hacia descuentos por nómina sólo cobraban de cien hasta 500 pesos quincenales, cuando la normatividad establece que ningún tipo de crédito, incluso los otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), se puede descontar más de 30 por ciento del salario base del profesor, sin contar las prestaciones.

Fue un mecanismo de “endeudamiento voraz, porque la dirigencia charra del SNTE enviaba circulares a las escuelas para que les abriéramos las puertas. Muchos maestros incurrieron en el error de endeudarse con una empresa, y pedir a una segunda otro préstamo para pagar a la primera, y que les quedara algo para ir viviendo, pero fue su perdición”.

En el caso de la SMM, explicó, no íbamos a tratar de colocar créditos con el maestro. Ellos tenían que buscarnos, y nunca préstamos de más de 32 mil pesos, porque ese es el límite viable. A cada docente se le revisaban sus ingresos, y si era factible mantenerlo con un descuento de 30 por ciento se aplicaba, de lo contrario no se otorgaba el préstamo.