ara las comunidades roqueras y metaleras de México, la realización del Festival Hell and Heaven (HHMF 2014), sin importar qué tan infantil y exagerado pueda sonar para quienes no son metaleros, ha resultado desde hace cuatro años un motivo de celebración y rencuentro de identidad, un fin de semana de realización y felicidad crucial en el desahogo y catarsis colectiva de personas de tres generaciones distintas que hacen un puente en su brecha de concepciones del mundo que está más allá del rock. El HHMF 2014 es en el imaginario y el sentir de dicha comunidad el reconocimiento al derecho que le ha sido históricamente negado en este país.

¿Cómo puede un Estado responsable pasar esto de largo? ¿Qué subyace a un discurso que, apelando a la integridad física de los asistentes a un festival ya realizado en tres ocasiones en las que no ha habido un solo pisoteado o lesionado, a pesar del slam y el mosh?

La intención a toda costa del gobierno de Eruviel Ávila de cancelar el festival –a pesar de confesar (sic) ser fan de Guns & Roses y de Kiss–, al grado de enviar 500 elementos de policía estatal nueve días antes de la realización del encuentro, debe tener una razón de mucho mayor peso que el que haya descalabrados, ¿o no es acaso cierto que en la vida cotidiana nos enfrentamos en este país a situaciones de muy alto riesgo referidas a la falta de civismo en el volante, la criminalidad (el estado de México tiene el mayor índice de feminicidios del país y no hay una sola manifestación pública gubernamental al respecto) y la extorsión que las policías hacen de la ciudadanía, entre otros hechos reales a los que nos hemos acostumbrado los mexicanos?

En un mundo pragmático como el que vivimos, es un principio fundamental de la lógica investigadora concluir quiénes podrían ser los principales beneficiados de un suceso. ¿Quiénes se beneficiarían de la realización de este festival? La comunidad metalera –bandas y asistentes–, la comunidad de Texcoco, convertida en centro de los ojos roqueros a escala mundial por los cerca de 200 millones de pesos que ingresarían en sólo dos días, Live Talent y asociados por ser la empresa organizadora y, por supuesto, la alcaldesa de oposición al PRI, Delfina Gómez, quien más allá de los clásicos discursos generaría realmente ingresos, turismo y popularidad para la comunidad a la que representa con simplemente firmar un par de permisos –lo que la podría volver automáticamente candidateable a puestos mejores. ¿Quiénes se beneficiarían de su cancelación y la ruina de una comunidad y empresarios que eso representa? ¿Las personas que no morirían en un concierto gracias a su cancelación? Eso sí que es históricamente irrisorio. Los beneficiados, no es difícil saberlo, son quienes defienden sus intereses políticos por un lado y por otro los que defienden sus intereses económicos. ¿Es necesario nombrarlos? Invito a que no seamos ingenuos exigiendo su enunciación, pues los conocemos. Sin embargo, y debido a la enorme e inesperada reacción de la comunidad metalera nacional e internacional (Kiss, Guns and Roses y Lamb of God han manifestado su solidaridad con el festival) que defiende su derecho a la justicia, rectificar la toma de decisión unilateral de prohibir el acto y una declaración de solidaridad y cooperación del gobierno estatal, escuchando las voces del pueblo, beneficiaría la imagen de quien ahora es señalado como el enemigo público número uno de todo metalero: Eruviel Ávila. Si el gobernador fuera hábil más allá de confesiones, lo haría, negociaría y apoyaría el festival. Por el otro lado, el de los intereses monopólicos, sería mucho más fructífero que aprendieran a competir conforme lo dice la Constitución y su propio discurso neoliberal, que seguir siendo mezquinos en lo que ofrecen, ambiciosos en sus precios y desleales en su competencia. Todos tenemos derecho a realizarnos y ser felices, no sólo los mismos de siempre. México, si ha de ser la nación que pretenden los políticos y empresarios en sus expresiones públicas, esto es, una nación progresiva y atractiva a la inversión nacional y extranjera, no puede darse el lujo de alterar la generación de fuentes de empleo, derrame económico y realización cultural. La justicia, más allá de ser un darle a cada quien lo que se merece, definición subjetiva y muy peligrosa en un país con tanto egoísmo, suprimiendo identidades comunitarias, debe entenderse como generar las condiciones de realización de cada identidad personal y comunitaria, para que la vida sea digna de ser vivida para todos.